México, Distrito Federal, a catorce de  julio de dos mil seis. VISTOS: para resolver los autos del expediente SUP-RAP-73/2005, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución CG265/2005 emitida el treinta noviembre de dos mil cinco, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-18/2004, por el cual fue modificada la resolución CG79/2004, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los partidos políticos y la coalición "Alianza para Todos", correspondientes al proceso electoral federal de dos mil tres, y

R E S U L T A N D O

I. El diecinueve de abril de dos mil cuatro, en sesión extraordinaria concluida el día siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó la resolución CG79/2004, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos nacionales y la coalición "Alianza para Todos" correspondientes al proceso electoral federal de dos mil tres.

II. El veintiséis de abril de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación en contra de la resolución precisada en el resultando anterior. Dicho recurso fue resuelto por esta Sala Superior en su sesión pública del once de junio del mismo año, en la cual fue modificada la resolución impugnada y fueron revocadas las sanciones impuestas en los incisos d) y r’), por no existir infracción, así como las sanciones contenidas en los incisos b) y q’). En el primer caso, para el efecto de que la autoridad responsable impusiera la sanción que correspondiera dentro de los márgenes establecidos en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y, en el segundo caso, para el efecto de que la autoridad analizara nuevamente lo relativo al prorrateo de los gastos a que aludió y la posible existencia de irregularidades en relación con el rebase a los topes de campaña. Asimismo, la propia Sala Superior, por una parte, dejó firme lo decidido por la responsable en cuanto a que el partido incurrió en otras irregularidades y, por la otra, revocó la individualización de las sanciones y ordenó a la responsable que las individualizara nuevamente.

III. El treinta de noviembre de dos mil cinco, en acatamiento a la resolución antes precisada, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución  CG265/2005.

IV. El cuatro de diciembre de dos mil cinco, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Alfredo Femat Flores, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución precisada en el resultando inmediato anterior.

V. El trece de diciembre de dos mil cinco, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar y turnar el presente expediente al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. El trece de julio de dos mil seis, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, entre otros aspectos, acordó admitir la demanda y declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto durante el proceso electoral federal, en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. De manera previa, cabe dejar sentado que si bien el recurrente realiza algunas expresiones en las cuales indica el incumplimiento por parte del consejo responsable de lo ordenado por esta Sala Superior al resolver el diverso recurso de apelación SUP-RAP-18/2004, lo cual implicaría el estudio de tales aspectos mediante la vía incidental (de ejecución defectuosa de sentencia) y no con motivo del ejercicio de una acción directa (como ocurre con el presente recurso), el examen integral del escrito de demanda, en particular la pretensión aducida (consistente en la revocación de la resolución reclamada), conduce a concluir que la determinación recurrida es objeto de impugnación por vicios propios, pues la causa de pedir se sustenta fundamentalmente en una supuesta indebida valoración de las conductas que dieron lugar a las sanciones impuestas al apelante en el acuerdo CG/265/2005.

Si bien es cierto que en la ejecutoria señalada se fijaron principios y reglas concretos para la imposición de la sanciones al Partido Revolucionario Institucional, también lo es que esta Sala Superior determinó dejar firme lo relativo a las irregularidades acreditadas y que el Instituto Federal Electoral fundara y motivara la individualización de las sanciones, con la salvedad hecha de la irregularidad identificada en el inciso b) de la misma, en donde se ordenó considerar que se trataba de una falta meramente formal y no de fondo y sancionar al partido apelante en términos del artículo 269, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, en el SUP-RAP-18/2004 se ordenó reenviar el asunto al Consejo General del Instituto Federal Electoral para los siguientes efectos:

…

SEGUNDO. Se revoca el resolutivo segundo de la resolución impugnada, así como las sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional, en los incisos d) y r’), del apartado 5.2, de la resolución impugnada.

TERCERO. Se revocan las sanciones contenidas en los incisos b) y q’), del apartado 5.2, de la resolución impugnada; en el primer caso, para el efecto de que la autoridad responsable imponga la sanción que corresponda dentro de los márgenes establecidos en el inciso b) del párrafo 1, del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debiendo tomar en cuenta que se trata de una falta meramente formal y no de fondo; en el segundo caso, para el efecto de que la autoridad vuelva a analizar lo relativo al prorrateo de los gastos a que aludió y la posible existencia de irregularidades en relación con el rebase a los topes de campaña, fundando y motivando su determinación a ese respecto.

CUARTO. Queda firme lo decidido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en cuanto a que el Partido Revolucionario Institucional, incurrió en las demás irregularidades que dicha autoridad apreció.

QUINTO. Se revoca la individualización de las sanciones que el Consejo General del Instituto Federal Electoral impuso al Partido Revolucionario Institucional en los restantes incisos, del apartado 5.2, de la resolución impugnada. En consecuencia, se ordena a la responsable que las individualice nuevamente, tomando en cuenta los principios y reglas que quedaron establecidos en el considerando tercero de la presente ejecutoria.

…

Semejante determinación no fue sino la consecuencia directa e inmediata de la conclusión a la que se arribó en aquel asunto, relativa a que la autoridad responsable, en primer lugar, realizó el análisis de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes de campaña de la elección de diputados federales, presentados por el Partido Revolucionario Institucional, para determinar si estaban acreditadas las infracciones respectivas y, en segundo lugar, pretendió realizar la calificación de la gravedad de la infracción, para, con base en ello, imponer la sanción que consideró aplicable; sin embargo, dicha responsable incurrió en una deficiente fundamentación y motivación, de acuerdo con lo siguiente:

1. En los casos de los incisos a), c), e), f), g) y h), no citó el dispositivo legal en que se sustenta para seleccionar el tipo de sanción que estaba imponiendo y tampoco los argumentos que motivaron el por qué se impuso la sanción consistente en una suma determinada de dinero;

2. Respecto de los incisos i), j), k), m), a’), c’), d’), f’) y n’), calificó la falta como medianamente grave, mientras que, en relación con los incisos l) n), o), b’), j’) y p’), señaló que las faltas eran graves. En todos estos casos se apoyó en lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la responsable omitió exponer argumento alguno para motivar el por qué consideraba que debía aplicarse lo dispuesto en el citado inciso c), y no algún otro de los incisos del párrafo 1 del referido artículo 269. Además, la misma responsable pasó por alto que, en el inciso invocado, la sanción que se prevé es la consistente en la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda al partido político, por el período que señale la resolución. Sin embargo, en todos estos casos, el Consejo General estableció como sanción cantidades específicas de dinero y no la mencionada reducción;

3. En cuanto a los incisos ñ), x), y), z), g’), h’), i’), k’) y l’), el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral estimó que las faltas eran leves, empero, omitió exponer motivación alguna mediante la cual expresara las razones de por qué, siendo una falta leve, consideraba aplicable lo previsto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 269 del código electoral federal, lo cual utilizó como fundamento al momento de apoyar su determinación de sancionar al instituto político entonces actor. Esto es, la entonces responsable no expuso las razones por las cuales, en principio, consideraba que debía imponerse una sanción del tipo que se prevé en el mencionado inciso c) y no una de las primeras que se establecen en el catálogo de sanciones del mencionado precepto legal. Lo anterior, aunado al hecho de que, finalmente, la misma responsable tampoco determinó la sanción en los términos que lo establece el precepto en que se apoyó, pues no determinó una reducción del financiamiento público, sino que impuso una sanción consistente en cantidades específicas, y

4. En la mayoría de los casos, la autoridad responsable adujo, en forma dogmática, que se debería atender a “las circunstancias del caso y a la gravedad de la falta”, pero jamás identificó, mucho menos explicó, cuáles eran esas circunstancias del caso y cuáles eran las razones que, atendiendo a la gravedad de la falta, la llevaban a imponer esa multa. Es decir, el Consejo General no explicó y mucho menos fundamentó y motivó los parámetros que la llevaron a establecer el monto de esa multa, sino que más bien se limitó, en la mayoría de los casos, a imponer las sanciones en función de un porcentaje del monto implicado. Esto es, excluyendo las sanciones de los incisos b), d), q’) y r’), de las treinta y tres sanciones restantes que el Consejo General del Instituto Federal Electoral le impuso al Partido Revolucionario Institucional, en cuatro determinó que la sanción debía ser amonestación pública [incisos e’), o’), m’) y p’)]; sin embargo, de las restantes veintinueve que consistieron en sanciones económicas, en veintiún casos, simplemente, se basó en un porcentaje del monto implicado.

En este sentido, se concluyó que el Consejo General del Instituto Federal Electoral impuso la sanción basado en un porcentaje del monto implicado, pero, de la lectura de los apartados respectivos, se desprendió que ello lo hizo sin explicar el por qué estimaba que debía ser así o por qué en algunos casos debía ser del diez, quince, veinticinco, treinta, cuarenta, cien o doscientos por ciento; sobre todo, porque la responsable no expuso argumento alguno en el que relacionara de manera concreta cómo es que la gravedad de la falta, las circunstancias de cada caso y las condiciones subjetivas del sujeto infractor llevaban a la autoridad a cuantificar la sanción en una determinada cantidad de dinero. En tales condiciones, se determinó que el acuerdo impugnado carecía de fundamentación y motivación en cuanto a la imposición de las sanciones correspondientes.

Por lo anterior, esta Sala Superior determinó que había lugar a reenviar a la responsable el asunto respectivo, para el efecto de que cumpliera con los principios y reglas que corresponden a la individualización de la sanción, de tal forma que, una vez que se tuvo por demostrada la infracción a un imperativo al cual están sujetos los partidos políticos nacionales y el grado de responsabilidad, la misma autoridad electoral debía, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal  debía aplicarse. Posteriormente, debía proceder a graduar o individualizar la sanción que correspondiera, dentro de los márgenes admisibles en la ley.

Sobre la base de esos parámetros, en la sentencia precisada se sostuvo que la autoridad electoral debía seleccionar y graduar la sanción, en función de la gravedad de la falta y la responsabilidad del infractor, para lo cual debería tener en cuenta lo siguiente: 1. Valor protegido o trascendencia de la norma; 2. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; 3. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; 4. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado; 5. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; 6. Su comportamiento posterior, con relación a la fecha en que se cometió el ilícito administrativo; verbigracia, pretender borrar u ocultar la información atinente que lo demuestre o bien facilitar dicha información, para cooperar en las tareas investigatorias; 7. Las demás condiciones subjetivas del infractor, al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando fueran relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y 8. La capacidad económica del sujeto infractor.

Por tanto, si la autoridad responsable contó con plenitud de atribuciones para llevar a cabo la individualización que le fue ordenada, es obvio que el producto de la misma, contenido en la resolución impugnada, sólo es susceptible de control mediante la interposición directa del correspondiente medio de defensa, que en el caso es el recurso de apelación.

TERCERO.  En virtud de que la autoridad responsable no hace valer causas de improcedencia y este órgano jurisdiccional federal no advierte, de oficio, su actualización, se procede al estudio de fondo del presente asunto.

En primer término, el Partido Revolucionario Institucional hace valer, como cuestión preliminar, que en el caso operó “la preclusión o, en su defecto, la caducidad” de la facultad de la autoridad administrativa para sancionarlo, por haber transcurrido un lapso excesivo para el cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala Superior.

Tal argumento resulta inatendible para este órgano jurisdiccional electoral federal, toda vez que el acuerdo combatido fue dictado en acatamiento a la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, el once de junio de dos mil cuatro, en el expediente SUP-RAP-018/2004, y, en consecuencia, el cumplimiento de lo ordenado en esa resolución no puede quedar insubsistente por el hecho de que haya transcurrido cierto lapso entre la fecha en la que se dictó la resolución y la data en que se emitió el acuerdo impugnado, puesto que no hay precepto alguno que contenga un supuesto relacionado con la situación antes descrita y que además prevea como consecuencia de derecho la preclusión o la caducidad invocadas en el agravio en estudio. Por tanto, no hay base legal para acoger la pretensión del recurrente.

Asimismo, cabe advertir que, como ha quedado precisado previamente, la autoridad responsable quedó con plenitud de atribuciones para llevar a cabo la individualización que le fue ordenada, sin que se le hubiera fijado un plazo para la emisión de una nueva resolución, como la ahora impugnada. Por estas razones, el agravio debe ser desestimado.

CUARTO. Por otra parte, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, por una parte, se advierte, en esencia, que el partido político actor expresa agravios relacionados con la responsabilidad que le fue atribuida en la comisión de los hechos que motivaron las sanciones, tales como el que la autoridad lo sancionó ilegalmente por conductas que no estaban probadas plenamente en actuaciones o que no se acreditó la responsabilidad del infractor. Por la otra, el inconforme expresa también agravios para impugnar la individualización de las sanciones que le fueron impuestas.

Por cuestión de método se destaca, en primer lugar, que los agravios relativos a la responsabilidad del partido apelante en los hechos constitutivos de las infracciones son inatendibles, en virtud de que ese aspecto fue confirmado en la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, el once de junio de dos mil cuatro, en el expediente SUP-RAP-018/2004, respecto de las irregularidades que fueron imputadas al inconforme, como quedó precisado en el considerando segundo de este fallo, y solamente se ordenó a la autoridad responsable que, en forma fundada y motivada, efectuara una nueva individualización de las sanciones a imponer.

Cabe aclarar que lo anterior no es aplicable en el caso de la infracción señalada en el inciso q’) del acuerdo primigeniamente reclamado, respecto de la cual, en la ejecutoria mencionada, esta Sala ordenó reponer el procedimiento de origen y, por ende, los agravios que se expresen en relación con la responsabilidad del partido apelante en tal caso sí serán examinados en el considerando quinto de esta ejecutoria.

Respecto a la individualización de las sanciones impuestas por la responsable, en el agravio primero de su escrito de demanda, el partido político expresa diversos argumentos, los cuales, para una mejor comprensión de este fallo, serán precisados y analizados enseguida, por apartados, en los que se sintetizará o describirá cada motivo de inconformidad y se analizarán sus méritos jurídicos en el párrafo inmediato al apartado que corresponda. Cabe aclarar que, por metodología y toda vez que el ahora recurrente expresa agravios particulares respecto de irregularidad que dio lugar a la sanción que se le impuso en el inciso b), en comparación con la establecida en el inciso c), se procede al análisis  conjunto de los argumentos respectivos, en primer término, para después estudiar los agravios que se expresan respecto de todas las sanciones.

A. El actor aduce incongruencia y falta de uniformidad del criterio adoptado por la responsable en la resolución impugnada, toda vez que la conducta precisada en el inciso b), desde su perspectiva, es similar a la consignada en el inciso c); sin embargo, le impone una sanción totalmente discrepante, siendo que el argumento en que se sustentó el fallo y la afectación al bien jurídico tutelado fue el mismo, a pesar de lo cual la autoridad la cuantificó de forma distinta sin explicación alguna, lo que, en su opinión, denota una carencia de fundamentación y motivación, vulnerando con ello los principios generales de derecho, como lo son la congruencia en las sentencias, la exhaustividad y la seguridad jurídica.

Agrega el actor que en la sanción identificada con el inciso c) no se valora ni como presunción legal que los depósitos son lícitos, ni siquiera como atenuante, sin considerar que la irregularidad simplemente se constituyó en la omisión de presentar “una ficha de depósito”, y, no obstante ello, se sanciona al partido con un monto excesivo en el que el parámetro para determinar su sanción lo es el monto de las operaciones financieras realizadas, y no como debió haber sido, una irregularidad contable, no obstante que, al decir del actor, llevó a cabo diversas acciones para subsanar tal cuestión, por lo que la falta que probablemente se configuró es de índole instrumental mas no de fondo.

Asimismo, el impetrante alega que la responsable no tomó en cuenta que había procedido a requerir diversas documentales e información a las instancias financieras competentes, lo que debió ser considerado a la luz de lo previsto en el artículo 20.4 del “Reglamento  que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas, y guía contabilizadota aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y egresos en la presentación  de sus informes”, en relación con el artículo 9° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pruebas que deben ser valoradas como supervenientes.

Lo anterior resulta, por una parte, infundado y, por otra, inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones.

Deviene infundado lo considerado por el recurrente, pues tal y como lo sostuvo esta Sala Superior en la sentencia recaída al diverso expediente SUP-RAP-18/2004, los argumentos del actor se sustentan en una premisa falsa, a saber, que las conductas sancionadas en los incisos b) y c) son similares y merecen igual sanción, ya que, contrariamente a lo señalado por el inconforme, se trata de dos conductas diversas, toda vez que, por un lado, en el inciso b), la irregularidad consistió en que algunos candidatos del partido político realizaron depósitos en efectivo que superaban los límites establecidos para el efecto y que, por ende, debieron hacerse mediante cheque a nombre del partido, en términos de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Reglamento; mientras que en el inciso c) se sanciona por el hecho de que el partido no presentó las fichas de depósito que amparaban diversas aportaciones que fueron realizadas en efectivo, es decir, la sanción se impone por la circunstancia de que el partido no sustentó con los documentos originales requeridos sus informes de campaña, en contravención con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento. Así, es inconcuso que, en oposición a lo que se alega, no se están sancionando conductas similares sino que las sanciones obedecen a conductas diferentes, no obstante que pudieran tener su origen remoto en las mismas operaciones bancarias.

Además, cabe destacar que los agravios bajo estudio resultan una reiteración de la manifestado por el actor en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2004, razón por la cual devienen en inoperantes, pues para que un agravio pueda acogerse deben exponerse argumentos dirigidos a desvirtuar lo razonado por la responsable en la resolución impugnada, en concordancia necesaria con los dispositivos legales que se estimen infringidos.

Así, los argumentos que se expresen por la parte actora deben demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna, siendo ello indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano responsable, en el entendido que el presente medio no constituye una repetición de la instancia.

No obstante lo anterior, a mayor abundamiento, se precisa lo sostenido por esta Sala Superior en la sentencia del recurso de apelación antes señalado, en la cual, respecto de la conducta sancionada en el inciso b), se sostuvo que no se trasgredió el bien jurídico tutelado, toda vez que siempre se supo de donde provenían tales recursos, lo cual constituyó la simple inobservancia de normas de carácter instrumental en el manejo de los recursos económicos que reciben los institutos políticos, y calificó la falta como leve, por lo que consideró imponer una sanción dentro de las establecidas en el artículo 269, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con base en lo anterior, es decir, tomando en cuenta que se trataba de una falta formal y que el monto implicado ascendió a la cantidad de $9,281,413.06 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 06/100 M. N.), la autoridad responsable, en la resolución ahora impugnada, acordó imponer una multa de 5,000 salarios mínimos, equivalente a $218,250.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.).

Ahora bien, por lo que respecta a la sanción identificada en el inciso c), esta Sala Superior, en la sentencia antes precisada, tuvo por acreditadas las irregularidades cometidas por el actor, declaró infundados  los motivos de disenso en los que el partido recurrente manifestaba, fundamentalmente, que la responsable dejó de aplicar los artículos 1.2, párrafo segundo; 20.3, y 20.4 del Reglamento antes precisado, en relación con los numerales 9, párrafo 1, inciso f), y 14, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a pesar de que el inconforme acreditó haber solicitado a la institución de crédito denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, las fichas de depósito que le fueron requeridas durante la revisión de sus informes, y que, a su juicio, la responsable, en uso de sus facultades, estaba obligada a requerirlas, lo cierto es que no lo hizo. Sobre el particular, esta Sala Superior sostuvo que el órgano administrativo electoral no tenía la obligación de emplear las facultades fiscalizadoras para requerir las fichas de depósito, puesto que el Partido Revolucionario Institucional había omitido presentarlas junto con sus informes, a pesar de que, en materia de presentación de los informes anuales y de campaña, los partidos políticos están constreñidos a atender, puntualmente, cada una de las obligaciones a que se hallan sujetos, así como a desahogar todas y cada una de las aclaraciones que le sean solicitadas al respecto, ya que, ante una conducta omisa de los institutos políticos, no corresponde a la autoridad aclarar, motu proprio o de manera oficiosa, las posibles dudas que surjan de la revisión de los informes.

En ese sentido, en dicha sentencia se determinó que si el partido debía recibir los depósitos en una cuenta bancaria y estaba obligado a aportar la documentación que respalde los movimientos bancarios realizados en dicha cuenta, cuando así lo solicitara el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, entonces era inconcuso que, en dicho caso, la forma de cumplir el requerimiento en sus términos era mediante la presentación de las fichas de depósito respectivas, ya sea en original o en copia certificada expedida por la respectiva institución de crédito. Además, se estableció que el Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera señaló específicamente, ni mucho menos demostró que hubiera aportado algunos otros documentos, de los cuales pudiera desprenderse la información que usualmente se encuentra en las fichas de depósito.

Asimismo, se señaló que no era óbice para la conclusión de que el partido incumplió con la normativa antes precisada, el hecho de que a su escrito de interposición del recurso de apelación, el partido político actor hubiera acompañado algunos medios de prueba, con los cuales pretendió demostrar la transparencia y licitud de los recursos aplicados por ese instituto político, toda vez que las veinticinco supuestas fichas de depósito que dijo anexar en el apartado 1 de su capítulo de pruebas, no eran los originales que se le habían requerido sino se trataba de copias fotostáticas simples, que carecían de valor probatorio suficiente para tener por demostradas las operaciones bancarias que se pretendía aclarar. Con ello se incumplió lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento atinente, en relación con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que fue precisamente por lo que se consideró que el Partido Revolucionario Institucional había incurrido en una infracción a la normativa electoral.

Además, se aclaró que en el mejor de los supuestos para el entonces recurrente, aun cuando tales documentos hubieran reunido todos los requisitos establecidos por la normativa aplicable, ello no podría beneficiarle, puesto que la irregularidad por la que se le sancionó fue precisamente el no haber presentado las fichas de depósito que le fueron requeridas, por tanto, si no las había presentado ante la autoridad fiscalizadora, no podría haberse considerado subsanada la irregularidad con la presentación ante la Sala Superior de los documentos que debía aportar en su oportunidad.

De todo lo anterior se desprende que el actor pretende hacer valer agravios que ya fueron planteados ante esta Sala Superior en el diverso SUP-RAP-18/2004, de tal forma que la determinación de que se cometieron las irregularidades antes precisadas ha quedado firme. Por el contrario de lo que aquí se analizó, el partido político actor debió expresar argumentos tendentes a desvirtuar lo sostenido por la responsable en la resolución ahora impugnada, en el caso concreto, primero, respecto de la individualización de la sanción identificada con el inciso c), en la cual se determinó calificar la falta como grave ordinaria, considerando que el monto implicado asciende a $1,580.795.41 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), y que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas respecto al control de sus registros y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente, en cuanto a su apego a la normativa electoral, reglamentaria y contable, y por tratarse de una vulneración al principio de certeza; en segundo término, porque no solamente se incumplió con la obligación formal de presentar dichos documentos bancarios, sino también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y, en último sitio, respecto de que se debía imponer una sanción, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, consistente en la reducción  del 1% de la ministración mensual por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias hasta alcanzar un monto de $1,580,795.41 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.).

Dichos razonamientos en manera alguna son controvertidos eficazmente por el apelante y, por ende, deben continuar rigiendo el sentido del fallo.

B. La autoridad responsable, alega el actor, no acató los criterios sustentados por esta Sala Superior, en relación con el orden a seguir para la clasificación de la gravedad de las conductas infractoras, y la determinación de la sanción a imponer.

El agravio antes precisado es infundado, conforme con los siguientes razonamientos.

En la jurisprudencia cuyo rubro es SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, consultable en las páginas 295 y 296 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis relevantes 1997-2005, esta Sala Superior sostiene que para la individualización de sanciones en el régimen de derecho administrativo sancionador electoral, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y establecido su grado de responsabilidad, la autoridad administrativa electoral debe, en un primer momento, precisar en términos generales si la falta fue levísima, leve o grave y, en este último supuesto, determinar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las sanciones previstas en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales debe aplicarse. Hecho lo anterior, dicha autoridad debe efectuar la gradación de la sanción a imponer, dentro de los márgenes permitidos por la ley.  

En el acuerdo ahora impugnado se advierte que la autoridad responsable:

1. Tuvo por acreditadas cada una de las faltas que sancionó, a través de los elementos que obraban en el dictamen consolidado que rindió la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

2. Calificó la gravedad de cada una de dichas faltas, desde leve hasta grave, tomando en cuenta la norma transgredida, el bien jurídico tutelado por la norma y la magnitud de la afectación al bien jurídico, y

3. En los casos en los que la responsable estimó que se trataba de infracciones graves, estableció la gradación de esa gravedad,  para lo cual tomó en cuenta el criterio sostenido por esta Sala Superior al resolver el diverso recurso de apelación SUP-RAP-018-2004, en el que se estableció que para efectos de individualización de las sanciones aplicables en el procedimiento administrativo sancionador electoral, “…la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad…”.

Como se puede advertir con claridad, la responsable respetó el criterio que esta Sala Superior ha expresado, en relación con el orden a seguir para la clasificación de la gravedad de las conductas infractoras, y la determinación de la sanción a imponer en materia de derecho administrativo sancionador electoral, por lo que el agravio se debe desestimar.

C. En otra parte del agravio en examen, el partido político apelante aduce de manera genérica, sin expresar alegaciones particulares respecto de alguna de las treinta y cinco sanciones que se analizan, que la autoridad responsable, al momento de individualizar las sanciones que le impuso, omitió tener en cuenta varios aspectos fundamentales, los cuales esta Sala Superior advierte que guardan relación con aquellos destacados al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-018/2004,  a saber:    

1. El valor protegido o trascendencia de la norma;

2. La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto;

3. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

4. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado;

5. La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta;

6. Su comportamiento posterior con relación al ilícito administrativo cometido;

7. Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y

8. La capacidad económica del sujeto infractor.

Tales alegaciones son, como se anticipó, genéricas, pero en un afán de exhaustividad, a continuación se analizarán los agravios, frente a las consideraciones que expuso la autoridad responsable al individualizar las sanciones impuestas al partido inconforme, a efecto de establecer si se actualizan las omisiones alegadas.

Como dato fundamental, se precisa que las infracciones que la responsable estimó probadas son las siguientes:

CUADRO NÚMERO UNO

El análisis que se realizará consiste en confrontar las afirmaciones del partido político apelante, con los razonamientos expresados por la autoridad responsable, al individualizar las sanciones que impuso al recurrente, para lo cual se señalarán, de manera sintética, las afirmaciones del apelante y la parte esencial obtenida del contexto de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la resolución impugnada, a fin de estar en aptitud de establecer si se actualiza o no la violación alegada en los agravios. 

I. El apelante afirma que la responsable omitió “calificar” debidamente el grado de responsabilidad o imputabilidad del inconforme, además de que, al decir del recurrente, la responsable tampoco hizo el análisis particular de cada conducta imputada al ahora apelante.

El agravio antes precisado es inatendible.

En principio se trata de expresiones genéricas, en las que el apelante alega que la responsable omitió “calificar” debidamente el grado de responsabilidad o imputabilidad del partido sancionado, lo que implica que el recurrente no reclama la ausencia de análisis por parte de la autoridad responsable respecto del punto señalado sino que, al aducir que “se omitió calificar debidamente” ese aspecto, implícitamente estima que se efectuó tal examen, pero no en forma correcta. Sin embargo, el apelante no expresa cuál habría sido, en su criterio, una “debida calificación” por parte de la autoridad responsable en relación con los elementos señalados y cuáles deberían ser las conclusiones a las que  tendría que haber arribado al momento de individualizar las sanciones que le fueron impuestas.

Con independencia de lo expuesto, a continuación se presenta el cuadro en el que se sintetizan los razonamientos de la autoridad responsable contenidos en el acuerdo recurrido, relativos precisamente a los aspectos en los que se  basa el agravio en estudio.

CUADRO NÚMERO DOS

En el cuadro que antecede puede apreciarse que, contrariamente a lo alegado por el apelante, la autoridad responsable sí tomó en cuenta para la individualización de las sanciones que le impuso, el análisis de cada acción u omisión que dio lugar a la infracción, en virtud de que estableció que se trató del incumplimiento de obligaciones a cargo del partido político, por omisión, en algunos casos, de los requisitos que debe contener la documentación mediante la que los partidos políticos acreditan el origen y el monto de los ingresos que perciben y, en otros, por actos u omisiones en la realización de operaciones necesarias para el control y fiscalización de tales ingresos.

De igual forma, se puede advertir que la autoridad responsable tuvo en cuenta la forma y el grado de participación del infractor, los cuales guardan estrecha relación con su responsabilidad e imputabilidad, en tanto que en todos los casos en los que impuso sanciones, estimó implícitamente que se trataba de una participación directa del partido sancionado,  mediante las acciones u omisiones señaladas en el cuadro que antecede, toda vez que en el contexto del acuerdo recurrido quedó claro que el partido apelante no cumplió diversas obligaciones a su cargo, las cuales fueron sintetizadas en el cuadro.

A partir de la información que se desprende del citado cuadro, se puede arribar a la conclusión de que el agravio en examen es infundado, en virtud de que, como se demostró, la autoridad responsable, para la individualización de las sanciones impuestas, sí tomó en cuenta los aspectos que el recurrente señala como omitidos. Cuestión distinta sería establecer si los razonamientos expresados por la autoridad responsable son o no legales, pero el agravio no contiene mayores argumentos por los que se aduzca, por ejemplo, que los elementos tomados en cuenta por la responsable sean incorrectos, o bien, que la ponderación que haya hecho de ellos sea ilegal o inexacta, sino que el apelante se limita a alegar, de manera genérica, que la autoridad responsable no realizó una “debida calificación” sobre tales aspectos, al individualizar las sanciones impuestas.

Además, el ahora apelante no expresa, por ejemplo, cuál considera que fue la forma y el grado de su propia intervención en los hechos que configuraron las infracciones, ni explica cómo esa consideración debería conducir a la imposición de sanciones mínimas o a exonerarlo de ellas, como pretende en los agravios que se analizan, ya que solamente afirma que hubo omisión por parte de la responsable, lo cual quedó evidenciado que no es exacto.

De tal forma, como quedó previamente anunciado, el agravio debe ser desestimado.

II. El partido político impetrante sostiene que la autoridad responsable no tuvo en cuenta que el propio apelante no ocultó información ni obstaculizó su acceso, por lo que el bien jurídico tutelado por la norma aplicable siempre estuvo salvaguardado.

El agravio se reduce a afirmaciones generales del apelante, sin que se haga referencia a alguna de las treinta y cinco sanciones impuestas por la autoridad responsable. El apelante sostiene que si la autoridad responsable hubiera atendido lo ahora destacado por el actor en su agravio (el que no ocultó la información y que no obstaculizó su acceso), se habría concluido que el bien jurídico tutelado por la norma no fue vulnerado.

Con independencia de la generalidad del agravio, a continuación se presenta un cuadro en el que se sintetizan los razonamientos que la autoridad responsable consignó en el acuerdo recurrido y que están referidos con el agravio en estudio.

CUADRO NÚMERO TRES

De la información precisada en el cuadro anterior, se puede advertir que, en términos generales, la autoridad responsable, al momento de individualizar las sanciones, sí tomó en cuenta la disposición del apelante respecto a no ocultar información o no obstaculizar su acceso y a dar respuesta a los requerimientos que le fueron efectuados, pero también estimó que, de todas formas, el propio partido político no entregó la documentación necesaria para desvirtuar la irregularidad que había detectado la autoridad {como se aprecia en el caso de las infracciones destacadas con los incisos a), c), e), f) g), h), i), j), k), m), n), ñ), o), x), y), z), a’), b’), c’), d’), e’), f’), g’), h’), i’), j’), k’), l’), m’), n’), o’), p’) y q’)}; de manera que, aunque como lo alega el recurrente, pueda pensarse que su actitud fue de colaboración frente a la autoridad administrativa electoral, ello no impidió que, en relación con los documentos que le fueron solicitados y que no exhibió, se actualizara el incumplimiento por el cual el actor fue sancionado.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que, en algunos casos, como los precisados en los incisos d’) y j’), la autoridad electoral administrativa sancionó las omisiones en que incurrió el partido político ahora recurrente, y que consideró que se traducían en la ocultación de información. Además, en el caso de la irregularidad identificada como l), la responsable destaca que el partido político no presentó aclaración alguna respecto del requerimiento de la autoridad

De conformidad con lo antes señalado, el agravio en estudio debe desestimarse, porque el apelante, de manera genérica, alega que la responsable no tomó en cuenta dicho aspecto al momento de individualizar las sanciones a su cargo, lo cual ha quedado evidenciado que sí se consideró.

Lo expuesto puede corroborarse, además, si se atiende a los datos asentados en el cuadro que antecede, entre los que destaca cuál fue la calificación inicial de la falta hecha por la autoridad responsable, y, en segundo plano, la gradación de la gravedad de aquellas conductas que fueron calificadas como graves.

En efecto, de un total de treinta y cinco conductas que fueron examinadas, cinco fueron estimadas leves y treinta se consideraron inicialmente graves. Entre las consideradas graves, la autoridad responsable efectuó su gradación, y estimó como de gravedad ordinaria veinticinco casos; particularmente grave, un caso; de gravedad especial tres casos, y de gravedad mayor, uno más. De esta forma, se puede concluir que la afirmación genérica del apelante carece de sustento, porque aduce que la autoridad responsable no tomó en cuenta en ninguna de las sanciones que impuso su actitud de colaboración frente a la actividad fiscalizadora, pero en el cuadro de referencia se aprecia que tal elemento sí fue tomado en cuenta, de tal forma que ciertas faltas que inicialmente fueron consideradas graves, luego fueron gradadas en su mínima expresión (de gravedad ordinaria). De haber actuado la autoridad responsable como lo alega el apelante, ninguna de las faltas habría sido estimada de manera diferenciada, como ocurre cuando se establece que unas fueron de gravedad especial, otras de gravedad ordinaria o especial y, otras más, leves.

En esas condiciones, el agravio debe ser desestimado. 

III. El ahora recurrente alega que la responsable no calificó debidamente la gravedad de cada falta, ni expresó razonamientos para explicar esa gravedad, y que, desde su perspectiva, simplemente calculó la imposición de multas cuantificadas en salarios mínimos o en reducción de ministraciones.

En principio se trata de afirmaciones genéricas, en las que el apelante alega que la responsable omitió calificar “debidamente” la gravedad de las faltas sancionadas, lo que implica que el recurrente no reclama la ausencia de motivación por parte de la autoridad responsable respecto al punto señalado sino aduce que se omitió calificar “debidamente” ese aspecto; es decir, implícitamente estima que se efectuó tal examen, pero no en forma correcta, según su criterio. Sin embargo, el partido político apelante no expresa cuál habría sido, en su juicio, una debida calificación por parte de la autoridad responsable en relación con el elemento señalado y cuáles deberían ser las conclusiones a las que debería haber arribado al individualizar las sanciones impuestas.

Por otra parte, cabe destacar que la segunda parte del agravio bajo análisis es contradictoria con la primera, porque el inconforme alega ausencia de razones al establecer la gravedad de las faltas, cuando antes implícitamente adujo que sí existió tal calificación, pero que fue indebida.

Con independencia de lo antes expuesto, a continuación se presenta un cuadro en el que se sintetizan los razonamientos que la autoridad responsable expresó para determinar la gravedad de las faltas, primero, en forma general y, luego, en forma particularizada en cuanto a la magnitud de la gravedad.

CUADRO NÚMERO CUATRO

Como puede advertirse de la información contenida en el cuadro anterior, el agravio en examen es infundado, en virtud de que, como se demuestra con los razonamientos que han quedado precisados, la autoridad responsable, para la individualización de las sanciones que impuso al apelante, sí tomó en cuenta los aspectos que el recurrente estima que fueron omitidos.

En efecto, la responsable consideró:

i)                   Para calificarla como grave especial, grave mayor o particularmente grave, el incumplimiento de la obligación de informar a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas sobre el origen de los recursos que ingresaron al partido político, así como la transparencia en el registro de sus ingresos, y que la falta cuya consecuencia obstaculizó el primordial objetivo del proceso de fiscalización, que es conocer el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, asì como el que se trastocaba uno de los principios fundamentales de toda contienda electoral, como lo son los de equidad y la igualdad de condiciones en la competencia electoral {como se advierte en las irregularidades marcadas como a), j’), l’) y q’)};

ii)                Para evaluarla como grave ordinaria, la vulneración al principio de certeza, así como el que no se podía concluir que la irregularidad observada se debía a una concepción errónea de la normativa, y que el partido presentaba, en términos generales, condiciones inadecuadas respecto del control de sus registros y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a la normativa electoral, reglamentaria y contable, así como el que se consideraba la falta de cuidado y, en ciertos casos {especialmente en el caso de las infracciones que, en este párrafo, se identificaron como inciso m), en adelante, hecha excepción de la correspondiente a los incisos o), x), n’) }, que se estaba en presencia de una falta cuya consecuencia obstaculizaba el objetivo primordial del proceso de fiscalización, como es el conocer el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, en forma fehaciente, o bien, generaba incertidumbre {incisos c), e), f), g), h), i), l), m), n), ñ), o), x), y), z), a’), b’), c’), d’), f’), g’), h’), i’), k’), m’) y p’)}, y

iii)             Para reputarla como leve, en cuanto a que no trascendía en una afectación al valor jurídico tutelado o no tenía un efecto inmediato sobre la comprobación de los egresos del partido político {inciso b), j), k), e’) y o’)}.

Cuestión distinta sería establecer si tales razonamientos expresados por la autoridad responsable constituyen una motivación suficiente, debida, adecuada o correcta, son o no legales, pero el agravio no contiene mayores argumentos por los que se aduzca o demuestre que los elementos tomados en cuenta por la responsable sean incorrectos o que la ponderación hecha de ellos sea ilegal o inexacta. Al respecto, el apelante se limita a alegar, de manera genérica, que la autoridad responsable no realizó una “debida calificación” sobre tales aspectos, para efectos de la individualización de las sanciones impuestas, sin expresar, por ejemplo, cuál debió ser, en su criterio, la calificación respecto de la gravedad de cada una de las infracciones, es decir, no soporta con mayores razonamientos su afirmación.

De tal forma, el agravio bajo análisis debe ser desestimado, toda vez que resulta infundado.

IV. El ahora inconforme sostiene que la autoridad responsable no tomó en cuenta que el partido político apelante actualmente se encuentra cubriendo una multa de mil millones de pesos y, en cambio, atendió de manera general ciertos criterios para sancionarlo, sin atender a sus circunstancias particulares.

Esta Sala Superior considera que el agravio antes precisado es infundado, en parte, e inoperante, en otra, por lo siguiente.

En principio, resulta incorrecto lo afirmado por el recurrente en el sentido de que la responsable no consideró que el partido político apelante cubría en ese momento una sanción económica de mil millones de pesos, a la que se refiere en su agravio, ya que de la revisión del acuerdo impugnado se puede advertir que la autoridad electoral administrativa sí hizo referencia a esa circunstancia de manera textual en la parte correspondiente a la individualización de cada una de las sanciones impuestas al inconforme, de ahí que el agravio de mérito resulte infundado.

Por otra parte, para establecer la capacidad económica del infractor al momento de individualizar las sanciones impuestas, además de la circunstancia anotada, la autoridad responsable tuvo en cuenta el dato correspondiente al monto del financiamiento público anual que recibe el apelante y la aptitud del partido para recibir financiamiento privado, lo cual estimó suficiente para concluir que el monto de las sanciones no afectaría el cumplimiento de los fines del partido ni el desarrollo de sus actividades. El recurrente alega que debieron tenerse en cuenta otros aspectos, como los que menciona en el agravio, pero no expresa cuál sería la trascendencia de ello, ni en qué medida se vería mermada su capacidad económica, en detrimento del cumplimiento de sus fines, a tal grado que las sanciones que se le impusieran tuvieran que ser reducidas significativamente, lo cual adquiere relevancia si se atiende a que la cantidad que tuvo como base la autoridad responsable, relativa al financiamiento anual del partido impugnante, es de cuantía considerable, como es la suma de $602’558,884.31(SEISCIENTOS DOS MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.),  por lo que el agravio resulta inoperante.

V. El partido político recurrente alega que la autoridad responsable no explicó cómo cada conducta trascendió el valor tutelado por la norma aplicable.

El agravio es infundado, porque, contrariamente a lo alegado por el recurrente, la responsable sí atendió ese aspecto, como se advierte en el siguiente cuadro, en donde se precisan los razonamientos expresados en torno a las conductas desplegadas por el partido político, el bien jurídico o valor tutelado por la norma correlativa y la forma en que éste había sido vulnerado o infringido.

CUADRO NÚMERO CINCO

De conformidad con lo expuesto, el agravio debe ser desestimado, porque ha quedado evidenciado que la autoridad sí expresó razonamientos en los que, por una parte, precisó la irregularidad específica y ésta vulneró el bien jurídico tutelado por la norma aplicable. Cuestión distinta es que tales razonamientos hubieran sido correctos o legales; sin embargo, el apelante no expresa argumento alguno para combatir su contenido, ya que se limita a alegar que la motivación sobre ese punto no fue expuesta.

Ciertamente, además de la precisión sobre la irregularidad específica, en la mayoría de los casos se estableció que el valor tutelado afectado estaba relacionado con la certeza que la autoridad electoral debe tener sobre el origen de los recursos que habían ingresado al partido político, su monto o su destino; la existencia de los bienes consignados, incluido el buen desarrollo del proceso fiscalizador; las transferencias realizadas; la veracidad de lo reportado en los informes de los partidos políticos, así como en otros casos el que la transparencia en el registro de sus ingresos y el que aquélla vigile las actividades de estos últimos, mientras que en algunos otros casos la responsable agregó la equidad y el que se despejaran obstáculos o barreras para que se llevara a cabo la fiscalización o que se permitiera cotejar la información obtenida como resultado del monitoreo de medios {incisos a), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), x), y), z), a’) b’), c’), d’), d’), e’), f`’), g’), h’), i’), j’), k’), l’), m’), n’), o’), p’ y q’)}.

En otro caso, la responsable estableció que no se había afectado el valor tutelado por la norma, pero si se habían vulnerado disposiciones de carácter instrumental {inciso b)}.

VI. En opinión del actor, al individualizar las sanciones impuestas al apelante, la responsable no tomó en cuenta aspectos subjetivos, sólo objetivos.

El agravio es infundado, en virtud de que, como ha quedado evidenciado en los diversos cuadros que se han presentado en el desarrollo del presente considerando, en el acuerdo impugnado se involucran tanto aspectos objetivos, relativos a la conducta sancionada (fundamentalmente en lo cuadros ennumerados como uno, relativo a la conducta infractora; dos, relativo a la síntesis del contexto de los razonamientos de la autoridad responsable al individualizar la sanción correspondiente; tres, concerniente a los razonamientos de la autoridad responsable al individualizar la sanción correspondiente, y el cuadro ennumerado como cinco), como subjetivos, relativos a la responsabilidad y a la forma de participación del infractor e, incluso, a su capacidad económica, como ya fue explicado (en el cuadro número dos y, especialmente, en el cuarto, sobre los razonamientos de la autoridad responsable al individualizar la sanción correspondiente); de ahí que el agravio en examen deba ser desestimado.

En la gran mayoría {salvo en las irregularidades identificadas como b) y o’), las cuales fueron calificadas como faltas leves, y las señaladas como j) y l’), en que llegó la responsable a la conclusión de que existió dolo y la ubicada como q’)}, la responsable explicó que no era posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero que si era clara, al menos, una falta de cuidado y que se infería que no existía una concepción errónea de la normativa por el partido político, por lo que sí existían condiciones inadecuadas respecto del control de sus registros y documentación de sus ingresos y egresos.

VII. El partido político impetrante alega que la autoridad responsable sólo describió hipótesis en las que un partido puede ser sancionado, pero no determinó sanción.

Esta Sala Superior estima que el agravio antes precisado es infundado, en atención a los siguientes razonamientos.

Del análisis de la resolución impugnada se advierte que uno de los pasos seguidos por la responsable, en el acto de individualización de sanciones a cargo del apelante, consistió en describir las sanciones previstas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el caso de las irregularidades como las que sancionó, de tal forma que para cada una de las faltas examinadas eligió una sola de tales sanciones, como se aprecia de la simple lectura de la referida determinación, tanto en la parte considerativa como en los puntos resolutivos, ya que no se advierte que, por ejemplo, para una misma conducta haya impuesto dos sanciones; por lo que el agravio debe desestimarse, ya que la responsable sí determinó la sanción a aplicar para cada infracción.

VIII. El recurrente sostiene que la responsable no explicó por qué el monto de las sanciones impuestas resulta persuasivo (sic).

El agravio antes enunciado es infundado.

La autoridad responsable expuso en cada uno de los treinta y cinco casos que se analizan, que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, debía ponerse atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como a las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resultaran inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, pero tampoco insignificantes o irrisorias, y más adelante fijó la sanción a imponer, de donde se obtiene que fue precisamente esa sanción, la que estimó suficiente para cumplir con las finalidades que mencionó, razón por la que el agravio en examen es infundado, en virtud de que la motivación cuya omisión alega el apelante sí se cumplió y él partió de un supuesto equivocado (no había explicación que justificara el monto de la sanción en cuestión), por lo que las razones atinentes de la responsable quedaron incólumes.

D. El partido político recurrente alega que se trató de violaciones de forma, mas no de fondo; de ahí que, en su opinión, no deban imponerse sanciones basadas en las cantidades involucradas en las conductas infractoras, en virtud de que se transparentó el origen y aplicación de los recursos.

Esta Sala Superior estima que el agravio antes precisado es inatendible, en atención a los siguientes razonamientos.

Se trata de una afirmación genérica mediante la cual el apelante, implícitamente, pretende establecer que las treinta y cinco infracciones por las que fue sancionado fueron de carácter formal y no de fondo, y que por esa razón las sanciones debieron ser menores. Sin embargo, el apelante no explica por qué estima que cada una de las infracciones por las que fue sancionado son simplemente de carácter formal, ni expone cómo fue que, a pesar de las infracciones en que incurrió, en cada uno de los casos se conservó la transparencia respecto del origen y aplicación de los recursos recibidos, así como la certeza, y, por otra parte, no se impidió que la responsable cumpliera con sus facultades de fiscalización. Es más, en todos los casos, como ya se había resuelto en el asunto precedente, el actor no logró demostrar que las conclusiones de la responsable fueran incorrectas y que no se hubieren acreditado las irregularidades, porque simplemente se tratara de infracciones formales, toda vez que tan no lo eran que se impidió ejercer las atribuciones de fiscalización a la comisión respectiva.

Además, el partido apelante se abstiene de controvertir todos los razonamientos expresados por la autoridad responsable para establecer la gravedad de las conductas sancionadas, los cuales han quedado expuestos a lo largo del desarrollo del presente considerando de esta ejecutoria. De ahí que el agravio en examen debe desestimarse.

E. El partido político impugnante sostiene que es inadmisible que la autoridad responsable se apoye en suposiciones, tales como estimar que los recursos podrían haber provenido de fuentes prohibidas, y sobre esa base calificarlos como ilegales. En este sentido, alega que en el derecho administrativo sancionador electoral está proscrito el argumento a fortiori o por mayoría de razón, de tal forma que la autoridad no puede basarse en razonamientos hipotéticos para sancionar, ya que, en todo caso, debe ordenar una investigación para demostrar la suposición de la que parte.

El agravio antes señalado es inatendible, en atención a lo siguiente.

Se trata de afirmaciones generales, en las que el apelante no señala a cuál de las treinta y cinco conductas sancionadas se refiere, ni cuáles fueron las situaciones hipotéticas que la autoridad tomó como base para sancionarlo, o en cuál de los treinta y cinco casos estimó que los recursos podrían provenir de fuentes ilegales. En esas condiciones, el agravio debe desestimarse por contener argumentos generales, que no son relacionados con alguna sanción concreta de las que le fueron impuestas.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, esta Sala Superior advierte que la autoridad responsable no hizo suposiciones sobre el hipotético origen ilícito de los recursos del partido político sino, cuando más advirtió que se obstaculizaba el proceso de fiscalización, en tanto se impedía la certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe.

F. El impetrante sostiene que la autoridad aplicó indebidamente sanciones distintas a faltas que calificó con una gravedad similar e, incluso, en las que estimó vulnerado el mismo bien jurídico.

Esta Sala Superior estima que el agravio antes señalado es  inatendible, por las siguientes consideraciones.

Con la salvedad de la sanción fijada en el inciso c), en relación con la señalada en el inciso b), y cuyos argumentos han quedado analizados en el apartado A de este considerando, el apelante no señala cuáles son las faltas a las que se refiere, entre las treinta y cinco que le fueron impuestas. Además, de lo expuesto hasta ahora se advierte que los elementos para la individualización de sanciones en materia administrativa electoral no son únicamente la gravedad de la falta y el bien jurídico afectado, sino otros, tales como las circunstancias particulares del caso, el grado y la forma de participación del infractor, las propias circunstancias de éste, etcétera; de manera que bien pudo darse el caso en que las faltas se estimaran de gravedad igual y se considerara afectado el mismo bien jurídico tutelado por la norma, pero el grado de participación haya sido diferente o el propio grado de afectación al bien jurídico no haya tenido la misma intensidad, lo cual necesariamente da lugar a sanciones distintas; aspectos todos ellos que no es necesario examinar respecto de cada una de las sanciones impuestas, en virtud de que el apelante no especifica cuáles son los casos en los que se da el supuesto que plantea, para estar en aptitud de efectuar la comparación de los elementos destacados. De ahí que el agravio bajo análisis deba desestimarse.

G. El partido político actor sostiene que la individualización de las faltas debió atender a la norma vulnerada y a la afectación efectiva que se causó al bien jurídico tutelado, pero no a partir de una suposición de lo que pudo ponerse en riesgo.

Esta Sala Superior estima que el agravio antes señalado es inatendible, en atención a lo siguiente.

Se trata de una manifestación general, en virtud de que el apelante no señala a cuál de las treinta y cinco sanciones se refiere, ni cuál fue el valor tutelado por la norma que la autoridad consideró en peligro con las conductas infractoras, etcétera.

Además, en párrafos precedentes se destacó que ha sido criterio  reiterado por esta Sala Superior que, entre los elementos a considerar para la individualización de sanciones en materia administrativa electoral, se encuentra la magnitud de la afectación al bien jurídico tutelado o del peligro al que hubiera sido expuesto. Lo anterior se explica porque el objeto de las sanciones en el derecho administrativo sancionador electoral, como en el derecho punitivo en general, no tiene un  carácter retributivo de los daños que se hubieran causado con la comisión de ilícitos, sino disuasivo, en la medida en la que se pueda evitar que se cause un daño a algún bien jurídico tutelado por alguna norma, o que se ponga en riesgo dicho bien.

Además, la responsable no partió de especulaciones o suposiciones, sino de conclusiones categóricas en las que argumentó por qué razones estimaba que se habían vulnerado ciertos bienes jurídicos (certeza o transparencia) y que, además, se había colocado en riesgo de lesión otros más (como igualdad en la contienda electoral y equidad en el acceso a medios de comunicación), y sólo en los casos que calificó como leves {incisos b), j), k), o’)}, la misma responsable precisó que no se habían vulnerado ciertos valores sino que se trataba de faltas instrumentales.

En consecuencia, el agravio en examen debe desestimarse.

H. El partido político apelante alega que los principios que debió tener en cuenta la autoridad responsable, al individualizar las sanciones, son los previstos en el reglamento que aplicó (el cual sólo regula aspectos de forma), y no los contenidos en la Constitución federal o en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este sentido, agrega el recurrente, la violación al reglamento sólo afecta aspectos de forma, y no vulnera los principios regulados en la Constitución federal o en la legislación secundaria.

Esta Sala Superior estima que el agravio antes señalado es infundado, en razón de lo siguiente.

El régimen electoral mexicano está estructurado a partir de las bases previstas esencialmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen como principios rectores de la función electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Tales principios constituyen la guía de todo el régimen en materia electoral, incluida la actividad legislativa desarrollada en la expedición de leyes secundarias o en el ejercicio de la facultad de expedir reglamentos por parte de los entes autorizados para ese efecto.

En razón de lo anterior, resulta válido establecer que, mediante el incumplimiento a una norma reglamentaria, se puede ver afectado alguno de los principios fundamentales que rigen el sistema electoral mexicano y, en cambio, es insostenible que un reglamento contenga principios propios, distintos a los previstos en la Constitución o en la legislación secundaria, puesto que los principios, por antonomasia, tienen entre sus características la de constituir el sustento sobre el que se desarrolla un orden completo, como es en este caso el orden jurídico electoral mexicano.

En esas condiciones, el agravio en examen debe ser desestimado.

I. El partido político actor argumenta que las infracciones son simples irregularidades contables y, por ende, la multa es desproporcionada.

Esta Sala Superior estima que tal agravio es infundado, atendiendo a las siguientes consideraciones.

La reducción propuesta por el apelante, al aducir que las faltas cometidas son simples irregularidades contables es inadmisible. Como quedó precisado al inicio del presente considerando, al partido apelante se le sancionó, entre otras conductas, por depositar aportaciones en efectivo que rebasaron el equivalente a 500 salarios mínimos; por no exhibir fichas de depósito de la cuenta de aportaciones del candidato; por no presentar recibos RSES-CF; por no presentar estados de cuenta correspondientes a tres cuentas bancarias de los comités estatales; por exhibir comprobantes en copia fotostática y no en original; por no reportar setecientos setenta y tres promocionales transmitidos en televisión,  etcétera. Tales infracciones, aunque en apariencia son simples infracciones contables, se encuentran inmersas en el régimen del derecho administrativo electoral, en el que se establecen prohibiciones y se prevén obligaciones a cargo de los partidos políticos y de las coaliciones, así como se fijan sanciones a aplicar cuando se actualice la violación de tales prohibiciones o el incumplimiento de dichas obligaciones, con el objeto de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de realizar su función de fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos  para el cumplimiento de sus fines y para la obtención del voto. En consecuencia, el incumplimiento de las normas que regulan la actividad financiera de los partidos y de las coaliciones, lejos de ser una “simple irregularidad contable”, es una transgresión al régimen de derecho administrativo electoral. La violación a las prohibiciones o el incumplimiento de tales obligaciones trae como consecuencia la aplicación de sanciones previstas en el propio régimen.

Es decir, la importancia de las faltas, fuera de la meramente contable, es que impedían tener certeza sobre el origen y destino de los recursos del partido político y, luego, hacer transparente el manejo de los mismos, así como determinar si se habían presentado condiciones que redundaran en beneficio de los principios de igualdad en la contienda electoral y equidad en el acceso a medios de comunicación, inclusive, lo cual está relacionado directa e inmediatamente con valores previstos en la Constitución federal. De tal forma, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, no puede estimarse que la multa resulte desproporcionada.

Consecuentemente, el agravio bajo estudio debe ser desestimado.

J. El partido político recurrente sostiene que la multa que se le impuso en la resolución ahora impugnada es excesiva y desproporcionada, porque no se atendió a la situación financiera del partido y, desde su punto de vista,  debió considerarse aplicable la sanción prevista en el inciso b) párrafo 1 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no la del inciso c), particularmente en el rubro de distritos con rebase en los topes de campaña. En este sentido, estima el impetrante que se violaron los principios de equidad y proporcionalidad, así como la discrecionalidad de la autoridad en la aplicación de las sanciones.

La primera parte del agravio ya ha sido desestimada, al estudiar los argumentos precisados, tanto en el apartado anterior, como en el punto IV del apartado C de este mismo considerando.

En cuanto a la segunda parte del agravio, el apelante expresa una simple afirmación genérica que no está sustentada con argumento lógico jurídico alguno por el que justifique que sólo era aplicable el inciso b) del artículo que cita.

La tercera parte del agravio es inatendible, porque el apelante emite expresiones generales sobre los principios que señala, pero no expresa alegatos particulares en los que dé las razones por las que explique cómo fue que en alguna sanción particular se violaron esos principios. En otras partes del agravio, el apelante relaciona tales principios con la capacidad económica del infractor, pero ese punto, se insiste, ya ha sido examinado.

De conformidad con lo antes razonado, el agravio es inatendible. 

QUINTO. En el segundo agravio del escrito del recurso de apelación que se analiza, el Partido Revolucionario Institucional formula argumentos relacionados con el inciso q’) del acuerdo reclamado. En dicho inciso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral sanciona al Partido Revolucionario Institucional con la reducción del 7.33% de la ministración mensual que le corresponda, por concepto de financiamiento público, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el monto líquido de $46,352,324.12 (CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.). Lo anterior, como consecuencia de la revisión del informe de gastos de campaña, correspondiente al proceso electoral federal del año dos mil tres, sobre la base de que dicho partido político rebasó el tope de gastos de campaña en ciento treinta distritos electorales, 1 y 6 de Baja California; 1 a 7 de Coahuila; 2 de Colima; 8, 9 y 12 de Chiapas; 5, 8, 11 y 21 del Distrito Federal; 1 a 5 de Durango; 2, 4 y 7 de Guerrero; 1 a 7 de Hidalgo; 1 a 19 de Jalisco; 1 a 13 de Michoacán; 1 y 2 de Morelos; 2 de Nayarit; 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de Oaxaca; 1 a 7, 9 a 12, 14 y 15; 1 de Quintana Roo; 1 a 3, 5, 7 y 8; 1 a 6 de Tabasco; 1, 3 a 8; 1 a 3 de Tlaxcala; 3, 5, 7, 9, 12 a 16, 19, 21 a 23 de Veracruz; 1, 2 y 5 de Yucatán, así como 1, 3 y 4 de Zacatecas.

En el citado agravio, el Partido Revolucionario Institucional expresa diversos argumentos que pueden ser divididos para su estudio en los siguientes temas:

A. Violación a la garantía de audiencia en el procedimiento en el que se emitió el acuerdo reclamado (CG265/2005), debido a que la autoridad fiscalizadora no dio oportunidad al Partido Revolucionario Institucional de ser oído ni vencido, pues omitió hacer el requerimiento respectivo sobre la existencia de irregularidades con relación al rebase del tope de gastos de campaña en los distritos electorales antes precisados.

B. Infracción al artículo 12.6 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, porque, según el actor, en cuanto a la distribución de gastos de campaña, dicho precepto no establece que los criterios y bases de prorrateo adoptados por los partidos políticos deban reunir ciertos requisitos, ni prohíbe la modificación de tales criterios por los propios partidos.

C. Incorrecta actuación de la autoridad administrativa electoral al no apegarse a los criterios y formas de distribución de gastos de campaña propuestos por el partido político y, por ende, realizar un prorrateo diferente, porque, según el Partido Revolucionario Institucional, no existe precepto legal ni reglamentario, ni siquiera el 12.6 a que se ha hecho referencia, que otorgue a la autoridad responsable la facultad para calificar o validar el criterio de prorrateo adoptado por el partido político, por lo que sólo debió respetarlo.

D. Aplicación retroactiva del artículo 12.8 del Reglamento que establece los lineamientos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, vigente a partir del primero de enero del año dos mil seis, que se relaciona con los criterios y bases de prorrateo de los gastos de campaña.

E. Ilegalidad del acuerdo reclamado, porque, según el actor, la responsable no toma en cuenta los criterios que serían utilizados para el prorrateo del 50% variable de los gastos de campaña, que fueron complementados mediante la contestación a los requerimientos formulados por la autoridad fiscalizadora, sino que cambia tales criterios y sobre esa base realiza un nuevo prorrateo.

F. Indebida valoración de las facturas 434792 y 435507 de Televisa, S.A. de C.V., así como de la 3135 de Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V., sobre la base de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por un lado, modifica el monto de tales documentos y, por otro, modifica también el criterio que el propio consejo había fijado en el acuerdo reclamado para la realización del prorrateo, lo que, según el actor, dio como resultado la ilegal conclusión del exceso del tope de gastos de campaña.

G. Respecto de la factura de la empresa MVS Televisión, S.A. de  C.V., cuyo importe es de $5,750,000.00 (cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), al decir del recurrente, la autoridad indebidamente consideró que $4,587,765.96 (cuatro millones quinientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y cinco pesos 96/100 M. N.), correspondían a gastos de campaña, pues $2,875,000.00 (dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.), corresponden a gasto de propaganda ordinaria, en tanto que otros $2,875,000.00 (dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.), realmente corresponden a gastos de campaña federal.

H. La multa resulta ilegal, toda vez que no se hizo de su conocimiento el que, como resultado de la aplicación del gasto reportado en cada uno de los distritos, se sumaron trece distritos electorales en los que se rebasó el tope de gastos de campaña (distritos 1 y 2 de Durango; 7 de Guerrero; 8, 10 y 19 de Jalisco; 2 de Morelos; 5, 8 y 10 de Oaxaca; 8 de Tamaulipas; 23 de Veracruz, y 3 de Zacatecas).

I. Falta de fundamentación y motivación de la conclusión sobre el exceso del tope de gastos de campaña, que tuvo como base el prorrateo que utilizó la autoridad responsable.

J. Falta de motivación en la individualización de la sanción impuesta.

K. Exceso en el monto de la multa impuesta, por lo siguiente:

a) La cantidad involucrada como excedente en el tope de gastos de campaña fue de $5,238,616.34 (cinco millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 34/100 M. N.) y la multa impuesta representa el 884% de tal importe, y

b) La autoridad responsable individualizó incorrectamente la sanción, pues no tomó en cuenta ciertas circunstancias agravantes y atenuantes para establecer su monto.

Una vez precisados los argumentos que hace valer el Partido Revolucionario Institucional, en relación con la sanción impuesta en el inciso q’) de la resolución impugnada, por cuestión de método, se procede a dar respuesta a los mismos, en los siguientes términos.

I. En primer término, se analizan los argumentos del partido político actor precisados en el apartado G, relativos a que la autoridad responsable indebidamente consideró que de la factura de la empresa MVS Televisión, S.A. de  C.V., cuyo importe es de $5,750,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100), la cantidad de $4,587,765.96 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/100) correspondían a gastos de campaña, pues $2,875,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) se refieren propiamente a gasto de propaganda ordinaria, en tanto que otros $2,875,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) realmente corresponden a gastos de campaña federal, resultan inoperantes, como se razona a continuación.

La inoperancia de tales argumentos deriva de que tal aspecto ya fue planteado por el partido político ahora recurrente, en el diverso recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-18/2004, que dio lugar precisamente a la emisión de la resolución ahora impugnada, sin que prosperaran sus alegatos, por lo que resulta ya cosa juzgada y, en consecuencia, no es válido el estudio de los mismos.

En efecto, en el fallo dictado por esta Sala Superior, el once de junio de dos mil cuatro, en el expediente del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-18/2004, se puede advertir que en relación con similares argumentos que hizo valer en aquella ocasión el Partido Revolucionario Institucional, este órgano jurisdiccional electoral federal determinó lo siguiente:

…

En otro apartado de sus agravios, el recurrente aduce que la determinación de que rebasó los límites de gasto de campaña en ciento treinta distritos electorales federales, se sustenta, entre otros elementos, en dos facturas expedidas por la empresa MVS Televisión, S.A. de C.V., por el importe total de cinco millones setecientos cincuenta mil pesos con noventa y siete centavos ($5,750,000.97), los cuales la autoridad responsable consideró como gastos de campaña, sin embargo, según el recurrente, dicha cantidad no debió ser considerada en su totalidad, como gasto de campaña, ya que también en la misma se incluían gastos generados por promocionales institucionales, es decir, promocionales relacionados con actividades ordinarias del partido y que incluso corresponden al ramo de gasto ordinario, tal como lo expuso en el inciso precedente. A este respecto el partido político actor realiza unos cuadros comparativos, con los cuales pretende evidenciar que aplicando correctamente las cantidades correspondientes a gastos de campaña al momento de realizar el prorrateo de conformidad con los criterios y bases establecidos por el Partido Revolucionario Institucional, de los ciento treinta distritos electorales federales señalados por la autoridad en los que se rebasó el tope de gasto de campaña, se disminuiría en ciento diecinueve y también se disminuirían los montos en el resto de los distritos en los que según la autoridad se rebasaron los topes de gastos de campaña.

Estos motivos de disenso resultan inatendibles en virtud de que se apoyan en la premisa inexacta de que el apelante tenía razón cuando adujo que los gastos correspondientes a las facturas expedidas por la empresa MVS Televisión, S.A. de C.V., las cuales eran por el importe de cinco millones setecientos cincuenta mil pesos, incluían gastos generados por promocionales institucionales, sin embargo, como ya se puso de manifiesto al revisar lo considerado en el inciso l’), dicho instituto político no desvirtuó las consideraciones de la responsable que la llevaron a concluir que el partido político de referencia había incurrido en la irregularidad consistente en no haber reportado como gastos de campaña los egresos consignados en las facturas 8416 y 8007, expedidas por la mencionada empresa televisora.

…

Ahora bien, en relación con los argumentos expresados por el partido político entonces recurrente, respecto de la irregularidad precisada en el inciso l’) de la resolución que fue impugnada, a través del referido recurso de apelación identificado como SUP-RAP-18/2004, esta Sala Superior determinó lo siguiente:

Esta Sala Superior considera infundados los agravios en los que el apelante impugna lo resuelto en el inciso l’), en el cual se determinó que el Partido Revolucionario Institucional había incurrido en infracciones a la normatividad electoral, por haberse localizado una factura por el importe de dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos que el partido político no reportó en sus informes como gasto de campaña.

El partido político actor alega que, contrariamente a lo sostenido por la responsable, de las facturas que se presentaron correspondientes al contrato celebrado con la empresa MVS Televisión, S.A. de C.V., sí era posible determinar la cantidad que correspondía a gasto ordinario y a gasto de campaña, por lo cual considera ilegal la conclusión de la Comisión de Fiscalización al establecer como base, para calcular los gastos de campaña, las fechas señaladas en las facturas correspondientes.

Al respecto, el apelante aduce que de las hojas membretadas adjuntas a las facturas 08416 y 8007 emitidas por la empresa MVS Televisión, S.A. de C.V., se puede apreciar que se transmitieron promocionales ordinarios del partido sancionado, habida cuenta que la autoridad omite considerar que aun siendo tiempo o periodo de campaña, los partidos políticos realizan, lógica y legalmente, actividades ordinarias, de modo que, del total de cinco millones setecientos cincuenta mil pesos ($5’750,000.00), se debieron descontar dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($2’848,462.00) correspondientes a gastos de propaganda institucional, por tanto, a juicio del inconforme, resulta ilegal que la autoridad responsable pretenda tomar como base para determinar gastos de campaña, las fechas señaladas en las facturas.

Es infundado este motivo de queja porque la base en que sustenta su argumento el impetrante es, esencialmente, que de las hojas membretadas que se anexaron a las facturas se puede apreciar que se transmitieron promocionales ordinarios, sin embargo, el accionante pasa por alto que en el dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización y que fue aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la citada Comisión señaló que la respuesta del Partido Revolucionario Institucional se consideró insatisfactoria, debido a lo siguiente:

La Comisión de Fiscalización realizó la observación al partido político actor en el sentido de que la cantidad de dos millones ochocientos setenta y cinco  mil pesos ($2’875,00.00), consignada en la factura E-08416, no coincidía con el importe total de los promocionales relacionados en las hojas membretadas anexas a la misma. Asimismo, la autoridad fiscalizadora advirtió que la factura referida no indicaba el número de las transmisiones realizadas y que de la verificación al “Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios” celebrado el diecinueve de abril de dos mil tres por el partido político y la empresa MVS Televisión, S.A. de C.V., se observó que señalaba como precio de las transmisiones en pantalla y en los comerciales contratados por el partido un monto de cinco millones setecientos cincuenta mil pesos ($5’750,000.00).

Mediante oficio número STCFRPAP/209/04, de primero de marzo del año en curso, se solicitó al partido que presentara la factura observada en la que se indicara el número de transmisiones realizadas por cada tipo de promocional. Además, respecto a la diferencia señalada, debería proporcionar la factura original a nombre del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales, así como la póliza, auxiliares contables y la balanza de comprobación en los que se reflejara el registro contable del monto de dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos ($2’875,000.00), o en su caso, las aclaraciones que a su derecho convinieran.

A su vez, el Partido Revolucionario Institucional, mediante escrito número SAF/0074/04 de quince de marzo del presente año, dio respuesta al requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora, argumentando lo siguiente:

“Al respecto se comenta que en la hoja membretada se detalla en número e importe del total de spots transmitidos desde el 15 de febrero al 10 de julio de 2003, del importe total sólo 2’875,000.00 corresponden a los spots transmitidos en período de campaña”.

Mediante anexo 1, apartado 5, se envía en original la póliza de egresos 716 de fecha 30 de abril de 2003 y la factura número 8007 por 2’875,000.00, donde se efectuó el registro como gasto de publicidad ordinario, así como copia de la factura 8416, hoja membretada y contrato.

Los servicios contratados con MVS Televisión, S.A. de C.V. correspondieron a un paquete por 5’750,000.00, el cual incluyó 50% de publicidad institucional y 50% de campaña, es decir, 2’875,000.00 cada una, por lo que existe una diferencia de 23,590.00 entre lo facturado y lo reportado en la hoja membretada por 2’898,590.00, la cual se solicitó al proveedor su explicación, por lo que una vez que se reciba la información, se enviará a esta autoridad”.

Con vista de la respuesta dada por el ahora apelante, mediante oficio STCFRPAP/1738/03 del cuatro de diciembre de dos mil tres, la Comisión de Fiscalización solicitó al proveedor MVS Televisión, S.A. de C.V., que señalara si había realizado operaciones con el Partido Revolucionario Institucional. En respuesta a dicha petición, la empresa de referencia expresó que el Partido Revolucionario Institucional había contratado con el mencionado proveedor una campaña publicitaria vigente del primero de abril al tres de julio de dos mil tres, por un importe total de cinco millones setecientos cincuenta mil pesos (I.V.A. incluido).

La Comisión de Fiscalización advirtió también que en el contrato de prestación de servicios celebrado entre el hoy actor y la citada empresa, se estipuló que tendría una vigencia del diecinueve de abril al dos de julio de dos mil tres.

Con base en estos hechos, la Comisión de Fiscalización estimó que las hojas membretadas observadas no corresponden a las facturas 8416 y 8007, toda vez que el período del contrato inició el diecinueve de abril de dos mil tres.

De esto se colige que la autoridad fiscalizadora consideró que no debía tomarse en cuenta lo consignado en las hojas membretadas, puesto que en ellas se hacía referencia a supuestas transmisiones fechadas desde el quince de febrero de dos mil tres, cuando el contrato relativo se había celebrado tiempo después, esto es, el diecinueve de abril de ese mismo año, por lo cual, concluyó que esas hojas membretadas no correspondían a las facturas en cuestión.

Derivado de lo anterior, esta Sala Superior considera infundado el agravio en estudio, pues del análisis de lo acontecido en el procedimento de revisión de los informes del Partido Revolucionario Institucional se arriba a la conclusión de que el argumento en que el impetrante pretende apoyarse carece de sustento, puesto que la responsable al  aprobar el dictamen relativo, implícitamente, también consideró que las hojas membretadas a las que alude el inconforme no correspondían a las facturas cuyos gastos pretende que se le tengan por acreditados como relativos a propaganda institucional del partido político.

A mayor abundamiento, aun cuando de las hojas membretadas se pudiera desprender que se trataba de gastos ordinarios, lo cierto es que la autoridad consideró que los mismos fueron utilizados en una actividad proselitista desplegada durante la contienda electoral, con lo que se pretendió simular un acto mercantil supuestamente ajeno a las actividades de proselitismo, con el simple hecho de realizarlo con antelación a los tiempos de la contienda electoral, aun cuando sus efectos se prolongarían en el tiempo hasta concluir en plena campaña electoral, razones por las que la autoridad responsable consideró que era evidente la intención del partido de desviar recursos destinados a gasto ordinario para ser utilizados durante la campaña y no sólo pretendió obtener un beneficio, sino que trató de engañar a la autoridad con la presentación de documentación que supuestamente sostenía la clasificación del egreso dentro de sus gastos ordinarios. Argumentos  éstos que, en sí mismos, no son combatidos por el apelante, de manera que deben permanecer intocados rigiendo este aspecto de la resolución reclamada.

…

De todo lo anterior, se evidencia que los argumentos expresados por el partido político actor, en relación con la factura de la empresa MVS Televisión, S.A. de  C.V., antes precisada, resultan una reiteración de lo que en su momento se planteó en el diverso medio de impugnación que dio origen a la resolución ahora impugnada, y que ya fueron analizados, de ahí que resulten inoperantes, como se anticipó.

II. En segundo término, se analizan los argumentos del partido político recurrente, relativos al prorrateo de los gastos en televisión realizados por el Partido Revolucionario Institucional, particularmente respecto de las facturas 434792 y 435507 expedidas por Televisa, S.A. de C.V., así como la factura 3135 expedida por Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V., y que se relacionan con los agravios precisados en el apartado F de este considerando.

Los razonamientos en torno a los agravios antes precisados, parten de considerar ilegal la resolución impugnada, toda vez que:

a) El monto de las facturas 434792 y 435507 expedidas por Televisa, S.A. de C.V., fue modificado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, lo que, según el Partido Revolucionario Institucional, produjo como consecuencia errores en las operaciones y, por ende, la conclusión sobre rebase en el tope de gastos de campaña.

b) La autoridad responsable sostuvo en la resolución impugnada que el prorrateo del monto de las facturas 434792 y 435507 expedidas por Televisa, S.A. de C.V., así como la factura 3135 emitida por Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V., debía hacerse únicamente en los distritos en los que el Partido Revolucionario Institucional participó de manera individual. Lo anterior, a pesar de que el propio partido realizó la correspondiente aclaración, en el sentido de que el prorrateo de los gastos correspondientes a las tres facturas fue entre los distritos en los cuales el Partido Revolucionario Institucional participó como tal y en aquellos en los cuales lo hizo a través de la coalición “Alianza para Todos”, esto es, los trescientos distritos electorales federales uninominales; lo anterior bajo el criterio de “la cobertura de la empresa televisiva” y consecuentemente el de las “campañas beneficiadas”, lo que se hizo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, al decir del recurrente, la autoridad responsable, en un primer momento, sostuvo que el prorrateo del monto de las facturas de mérito, debía hacerse únicamente en los distritos en los que el Partido Revolucionario Institucional participó de manera individual y, en un segundo momento, la propia autoridad prorrateó el monto de las facturas, entre el Partido Revolucionario Institucional, como ente individual, y la coalición “Alianza para Todos”, sobre la base de los distritos electorales en que había participado coaligado.

Para demostrar las anteriores afirmaciones, el Partido Revolucionario Institucional inserta el siguiente cuadro que coincide con las cantidades sobre el monto de las facturas que aparecen en varias partes del acuerdo reclamado, así como en los anexos de la resolución impugnada y las constancias que obran en los autos del recurso de apelación bajo análisis:

Respecto de los agravios antes señalados esta Sala Superior arriba a la conclusión de que resultan infundados, en atención a los siguientes razonamientos.

Con relación a lo señalado en el inciso a) anterior, esta Sala Superior estima que los agravios de mérito son infundados, toda vez que del análisis de la resolución impugnada, así como de las constancias que obran en autos del expediente formado con motivo del presente recurso de apelación, se advierte que si bien el Partido Revolucionario Institucional manifestó a la autoridad responsable, mediante escrito número SAF/0075/04 del quince de marzo de dos mil cuatro, que respecto de las facturas A-434792 y A-435507 la cantidad que destinó para gastos de campaña fue de $47’247,911.31 (CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N.), no menos cierto es que la revisión de los documentos que obran en el expediente bajo análisis, permite advertir que la autoridad responsable arribó a la conclusión de que, respecto de las referidas facturas, la cantidad que efectivamente correspondía a dicho instituto político fue de $43’680,623.39 (CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 39/100 M.N.), como se puede advertir con toda claridad en la tabla que se encuentra en el anexo 4 de la resolución ahora impugnada, así como de las tablas que contienen los prorrateos fijo y variable de los gastos centralizados, que forman parte de los anexos 8 y 10 de la resolución bajo análisis.

De tal forma, no obstante que el propio partido político ahora recurrente, en su momento, precisó a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas la cantidad que debería tenerse en consideración como gasto realizado durante el periodo de campaña, respecto de las facturas de mérito, la autoridad señalada como responsable determinó un monto inferior que debía ser considerado para efecto de gastos de campaña centralizados realizados por dicho instituto político, de tal forma que lejos de implicar una modificación que operara en su perjuicio, constituye una decisión adoptada de conformidad con lo que se precisa en el siguiente apartado.

Por lo que se refiere a lo expuesto en el inciso b) anterior, esta Sala Superior estima que el agravio es infundado, pues contrariamente a lo alegado por el inconforme, la autoridad responsable actuó correctamente en lo relativo al criterio empleado en el prorrateo de gastos centralizados en la elección de diputados federales en dos mil tres, realizados por el Partido Revolucionario Institucional.

Previamente al estudio del agravio hecho valer, es necesario precisar que el partido político recurrente incurre en imprecisiones, toda vez que sostiene que respecto de las facturas antes señaladas, la autoridad responsable, en un primer momento, determinó que toda la publicidad que amparaban las mismas debía prorratearse únicamente en los distritos en los que el partido participó de manera individual, y que no obstante ello, en un segundo análisis, la propia autoridad fiscalizadora modificó tal criterio y prorrateó dicho monto entre el Partido Revolucionario Institucional y la coalición parcial de la cual formó parte el propio partido, en noventa y siete distritos electorales federales. Sin embargo, el análisis de las constancias que obran en autos, y particularmente de la propia resolución impugnada, evidencia que la autoridad responsable finalmente adoptó el criterio de realizar el prorrateo del monto de las facturas de mérito sólo entre los doscientos tres distritos electorales federales en que el Partido Revolucionario Institucional contendió por sí mismo, en la elección federal de dos mil tres.

Ahora bien, en primer término es necesario señalar que en el artículo 62, párrafo 1, inciso h), del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, se dispone que respecto de la coalición parcial por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, debe señalarse, en el correspondiente convenio de coalición, el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

En cumplimiento de lo anterior, en el convenio de coalición parcial celebrado el primero de marzo de dos mil tres, entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, denominada “Alianza para Todos”, aprobado el catorce del mismo mes y año por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se estableció en la cláusula séptima, apartado B, lo siguiente:

Séptima

…

B.- Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los 97 distritos, que equivale a $82,377,109.35. De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: 12.37%

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 87.63%

De igual forma, por lo que se refiere al aspecto bajo análisis, resulta indispensable tener presente el contenido de las disposiciones reglamentarias vigentes en el proceso electoral federal de dos mil tres, aplicables respecto de los gastos centralizados realizados por la coalición y el partido político, durante el mismo, y que son el Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil tres, y el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el mismo medio oficial, el tres de enero de dos mil tres.

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS APLICABLES A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES QUE FORMEN COALICIONES, EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACION DE SUS INFORMES

Artículo 1.

…

1.6. Para la realización de gastos centralizados que beneficien a varias campañas políticas de candidatos de la coalición, deberán abrirse cuentas bancarias que se denominaran CBN-COA-(siglas de la coalición), que serán manejadas por el órgano de finanzas de la coalición, y CBE-COA-(siglas de la coalición), que serán manejadas por los representantes del órgano de finanzas de la coalición en las entidades federativas.

Artículo 3.

…

3.4. Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren dos o más campañas de una coalición de cualquier tipo, serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma:

A) Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de las erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas de candidatos de la coalición que se hayan beneficiado con tales erogaciones;

B) El cincuenta por ciento restante de su valor será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que la coalición haya adoptado. Dicho criterio deberá hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su Secretaría Técnica, al momento de la presentación de los informes de campaña.

Artículo 4.

…

4.5. En los informes de campaña deberán incorporarse los montos de gastos centralizados que corresponda, de acuerdo con los criterios de prorrateo utilizados de conformidad con el artículo 3.4 de este Reglamento. Como anexo de los informes de campaña, deberá informarse de manera global acerca de todos los gastos centralizados que se hayan efectuado a través de las cuentas CBN-COA o CBE-COA y se hayan prorrateado, con la especificación de los informes de campaña en los que hayan sido distribuidos los montos señalados en las facturas correspondientes entre los candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados de mayoría relativa o senadores de la Republica por el mismo principio. Los datos asentados en dicho anexo deberán estar referidos a la documentación comprobatoria y a la póliza correspondiente, los cuales podrán ser solicitados por la Comisión de Fiscalización en cualquier momento durante el periodo de revisión de los informes.

Artículo 10

10.1. Las coaliciones, los partidos políticos que las integren y los candidatos que postulen deberán ajustarse, en todo lo que no esté previsto expresamente por el presente reglamento y no se oponga al mismo, a lo dispuesto por el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2003.

10.2. Los partidos políticos que integren coaliciones parciales deberán ajustarse en lo conducente a lo establecido en el presente reglamento, en todo lo relativo a las campañas de los candidatos postulados en coalición.

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS DE CUENTAS Y GUÍA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES.

Artículo 12.

…

12.6. Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren dos o más campañas deberán efectuarse con recursos provenientes de cuentas CBCEN o CBE del partido político, y serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma:

a) Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de dichas erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas beneficiadas por tales erogaciones; y

b) El cincuenta por ciento restante de su valor será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que cada partido político adopte. Dicho criterio deberá hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su Secretaría Técnica, al momento de la presentación de los informes de campaña.

…

12.8. Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en radio y televisión deberán incluir, en hojas membreteadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno de los promocionales que ampara la factura y el periodo de tiempo en el que se transmitieron. Los promocionales que resulten de las bonificaciones recibidas por el partido por la compra de otros promocionales son parte de la operación mercantil y no implican donación alguna, siempre y cuando su valor unitario no sea menor al mínimo de las tarifas que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con los artículos 9, fracción IV, y 53 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tarifas estas últimas que se harán del conocimiento de los partidos políticos con un mes de antelación al inicio de las campañas electorales, previa solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En las hojas membreteadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los promocionales, independientemente de que éstos sean o no resultado de bonificaciones. El importe y el número total de los promocionales detallados en las hojas membreteadas debe coincidir con el valor y número de promocionales que ampara la factura respectiva, incluyendo los promocionales resultado de las bonificaciones antes referidos.

a) Los comprobantes de gastos efectuados en propaganda en televisión también deberán especificar el tipo o tipos de promocionales que amparan, y el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional, sean promocionales regulares o spots, publicidad virtual, superposición con audio o sin audio, exposición de logo en estudio, patrocinio de programas o eventos, o cualquier otro tipo de publicidad. Los partidos políticos deberán solicitar que, junto con la documentación comprobatoria del gasto y en hojas membreteadas de la empresa correspondiente, se anexe una relación pormenorizada de cada uno de los promocionales que ampare la factura. Dicha relación deberá incluir:

- Independientemente de que dicha difusión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, las siglas y el canal en que se transmitió cada uno de los promocionales;

- La identificación del promocional transmitido;

- El tipo de promocional de que se trata;

- La fecha de transmisión de cada promocional;

- La hora de transmisión;

- La duración de la transmisión;

- El valor unitario de cada uno de los promocionales.

b) Los comprobantes de gastos efectuados en propaganda en radio, también deberán especificar el tipo o tipos de promocionales que amparan, y el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional, sean promocionales regulares o spots, patrocinio de programas o eventos, o cualquier otro tipo de publicidad. Los partidos políticos deberán solicitar que, junto con la documentación comprobatoria del gasto y en hojas membreteadas del grupo o empresa correspondiente, se anexe una desagregación semanal que contenga, para cada semana considerada de lunes a domingo, la siguiente información:

- Independientemente de que la transmisión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, el nombre de la estación, la banda, las siglas y la frecuencia en que se transmitieron los promocionales difundidos;

- El número de ocasiones en que se transmitió cada promocional durante la semana correspondiente, especificándose el tipo de promocional de que se trata, y la duración del mismo;

- El valor unitario de cada uno de los promocionales.

c) Toda la facturación que ampare la compra de cualquier tipo de promocional deberá expedirse a nombre del partido político.

12.9. Con los informes de campaña los partidos políticos deberán entregar a la autoridad electoral la documentación a la que se refiere el artículo 12.8. Adicionalmente, los partidos deberán presentar un informe de los promocionales transmitidos en radio y televisión durante el periodo de campaña que aún no hayan sido pagados por el partido político al momento de la presentación de sus informes, el número de póliza de diario con la que se abonó el pasivo correspondiente con cargo a gastos de campaña, así como la orden de servicio expedida por el proveedor o alguna otra documentación que ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el importe del servicio prestado. Dichos informes deberán contener los siguientes datos, con base en los formatos “REL-PROM” anexos:

a) En el caso de los promocionales transmitidos en radio:

- La especificación de la semana, considerada de lunes a domingo, durante la cual se transmitieron los promocionales;

- Independientemente de que la transmisión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, el nombre de la estación, la banda, las siglas y la frecuencia en que se transmitieron los promocionales difundidos;

- El número de ocasiones en que se transmitió cada promocional durante la semana correspondiente, especificándose el tipo de promocional de que se trata, y la duración del mismo;

- El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.

- El precio unitario de cada uno de los promocionales.

b) En el caso de los promocionales trasmitidos en televisión:

- Independientemente de que dicha difusión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, las siglas y el canal en que se transmitió cada uno de los promocionales;

- La identificación del promocional transmitido;

- El tipo de promocional de que se trata;

- La fecha de transmisión de cada promocional;

- La hora de transmisión;

- La duración de la transmisión;

- El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.

- El precio unitario de cada uno de los promocionales.

12.10. Todos los gastos que los partidos políticos realicen en prensa, radio y televisión deberán tenerse claramente registrados e identificados en las cuentas contables del partido, de conformidad con el Catálogo de Cuentas previsto en el presente Reglamento.

…

De los preceptos antes transcritos se advierten algunas reglas básicas relativas a los gastos centralizados de campañas electorales, a las que debió sujetarse el partido político ahora actor, al participar en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal de dos mil tres, en el cual contendió en forma individual en doscientos tres distritos electorales federales uninominales, y en coalición parcial con otro partido político, en las noventa y siete restantes demarcaciones electorales uninominales.

En lo que al presente caso se refiere, dichas reglas son las siguientes:

a) Para la realización de gastos centralizados que beneficiaron a varias campañas políticas de candidatos de la coalición, debieron abrirse cuentas bancarias que se denominarían CBN-COA-(siglas de la coalición), que debieron ser manejadas por el órgano de finanzas de la coalición, y CBE-COA-(siglas de la coalición), que debieron ser manejadas por los representantes del órgano de finanzas de la coalición en las entidades federativas.

Por su parte, tratándose del partido político individualmente considerado, los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucraban a dos o más campañas debieron efectuarse con recursos provenientes de cuentas CBCEN o CBE del propio instituto político.

b) Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucraron dos o más campañas de la coalición parcial, debieron ser distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma:

- Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de las erogaciones debió ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas de candidatos de la coalición que se beneficiaron con tales erogaciones, y

- El cincuenta por ciento restante de su valor debió ser distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que la coalición hubiera adoptado. Dicho criterio debió hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su Secretaría Técnica, al momento de la presentación de los informes de campaña.

c) Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucraron dos o más campañas del partido político individualmente considerado, debieron ser distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma:

- Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de dichas erogaciones debió ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas beneficiadas por tales erogaciones, y

- El cincuenta por ciento restante de su valor debió ser distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que el propio partido político adoptó. Dicho criterio debió hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su Secretaría Técnica, al momento de la presentación de los informes de campaña.

d) En los informes de campaña de la coalición parcial, debieron incorporarse los montos de gastos centralizados que correspondieran, de acuerdo con los criterios de prorrateo utilizados por la misma. Asimismo, como anexo de los informes de campaña, debió informarse de manera global acerca de todos los gastos centralizados que se hubieran efectuado a través de las cuentas CBN-COA o CBE-COA y se hubieran prorrateado, con la especificación de los informes de campaña en los que hayan sido distribuidos los montos señalados en las facturas correspondientes entre los candidatos diputados de mayoría relativa. Los datos asentados en dicho anexo debieron estar referidos a la documentación comprobatoria y a la póliza correspondiente, los cuales pudieron ser solicitados por la Comisión de Fiscalización en cualquier momento durante el periodo de revisión de los informes.

e) La coalición parcial, los partidos políticos que la integraron y los candidatos que postularon, debieron ajustarse, en todo lo que no estuviera previsto expresamente en el respectivo reglamento, siempre y cuando no se opusiera al mismo, a lo dispuesto por el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero de dos mil tres.

Asimismo, expresamente se dispuso que los partidos políticos que integraron coaliciones parciales debieron ajustarse en lo conducente a lo establecido en el respectivo reglamento, en todo lo relativo a las campañas de los candidatos postulados en coalición.

f) Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en radio y televisión debieron incluir, en hojas membreteadas de la empresa que se anexaran a cada factura, una relación de cada uno de los promocionales que amparaba la factura y el periodo de tiempo en el que se transmitieron. En dichas hojas membreteadas debió incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los promocionales. El importe y el número total de los promocionales detallados en las hojas membreteadas debía coincidir con el valor y número de promocionales que amparaba la factura respectiva.

g) Los comprobantes de gastos efectuados en propaganda en televisión también debieron especificar el tipo o tipos de promocionales que amparaban y el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional. Los partidos políticos debieron solicitar que, junto con la documentación comprobatoria del gasto y en hojas membreteadas de la empresa correspondiente, se anexara una relación pormenorizada de cada uno de los promocionales que amparaba la factura. Dicha relación debió incluir:

- Independientemente de que dicha difusión se realizara a través de estaciones de origen o repetidoras, las siglas y el canal en que se transmitió cada uno de los promocionales;

- La identificación del promocional transmitido;

- El tipo de promocional de que se trataba;

- La fecha de transmisión de cada promocional;

- La hora de transmisión;

- La duración de la transmisión;

- El valor unitario de cada uno de los promocionales.

Como puede advertirse de lo anterior, es claro que, por una parte, el partido político ahora actor, en los doscientos tres distritos electorales federales uninominales en que contendió individualmente, y por otra, la coalición parcial en la que participó el impetrante, respecto de las restantes noventa y siete demarcaciones electorales uninominales, durante el proceso electoral federal de dos mil tres, para elegir diputados federales por el principio de mayoría relativa, debieron realizar los gastos centralizados de sus respectivas campañas electorales, en forma independiente.

En efecto, de la normativa reglamentaria antes precisada se desprende que, en cada caso, los respectivos gastos centralizados debieron ser cubiertos con cuentas bancarias diferenciadas, toda vez que unas pertenecieron a la coalición parcial, en tanto que otras fueron del partido político en lo individual. Esto es, el partido político válidamente no podía imponer una supuesta situación de hecho a  un caso cuyos efectos estaban expresamente previstos. Lo que beneficiara al partido político, y así se reflejara en la documentación comprobatoria, sólo podía ser objeto de prorrateo entre los distritos en que no aplicaba el convenio de coalición parcial, y, por el contrario, lo que correspondía a la referida coalición, sólo se podía prorratear entre los distritos que correspondían a la misma.

Asimismo, si bien es cierto que las disposiciones reglamentarias permitieron el prorrateo de los gastos centralizados de las campañas electorales de diputados por el principio de mayoría relativa, entre las mismas, atendiendo a una distribución en la que el cincuenta por ciento es de manera igualitaria mientras que el otro cincuenta por ciento se realiza en conformidad con los criterios y bases determinados por el partido político y la coalición, respectivamente, lo cierto es que ello se debe hacer en forma diferenciada, atendiendo a cuáles gastos de campaña se esté refiriendo, esto es, el partido político debió presentar su propio prorrateo, respecto de los gastos que con tal motivo realizó en los distritos en los que contendió individualmente,  en tanto que la coalición parcial debió hacer lo propio, en relación con los distritos en que participó como tal.

Además, respecto de la facturación de propaganda en radio y televisión, los requisitos que deben cumplir los comprobantes de los gastos efectuados en dichos rubros, como es el que en las hojas membretadas que deben anexarse a cada factura se incluya una relación de cada uno de los promocionales que ampara la factura junto con el valor unitario de todos y cada uno de ellos, así como que el importe y el número total de los promocionales detallados en las hojas membreteadas debe coincidir con el valor y número de promocionales que ampara la factura respectiva, tienen como propósito permitir a la autoridad electoral fiscalizadora cotejar con mayor precisión la información obtenida como resultado del monitoreo de medios con la información reportada por cada partido político o coalición.

Teniendo en cuenta lo antes precisado, en el caso concreto se arriba a la convicción de que el agravio bajo estudio resulta infundado, toda vez que al dilucidar lo relativo a cómo fueron considerados los gastos respaldados con las facturas 434792 y 435507 de Televisa, S.A. de C.V., así como 3135 de Corporación de Noticias e Información S.A. de C.V., a partir de la información que se desprende de la propia resolución impugnada y de las constancias que obran en autos del expediente formado con motivo del presente recurso de apelación, se advierte que el partido político ahora actor procedió en forma incorrecta al presentar el prorrateo de los gastos de campaña amparados por tales facturas.

En efecto, como se muestra a continuación, se puede advertir con toda claridad que el Partido Revolucionario Institucional pretendió realizar el prorrateo de los gastos de campaña centralizados, amparados por las facturas de mérito, entre el propio partido político, respecto de los doscientos tres distritos electorales uninominales en que contendió individualmente, y los noventa y siete distritos en que participó en coalición parcial con el Partido Verde Ecologista de México, es decir, entre los trescientos distritos federales uninominales.

Lo anterior, sin observar las disposiciones reglamentarias previamente precisadas [artículo 3°, párrafo 3.4, inciso A) del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como el artículo 12, párrafo 12.6, inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes], de las cuales se desprende que el prorrateo de los gastos centralizados se debe realizar en forma diferenciada, según correspondan dichas erogaciones, al partido político individualmente considerado, o a la coalición en la que participó, así haya sido parcial.

La autoridad señalada como responsable, en la resolución ahora impugnada, precisa que, mediante el oficio número STCFRPAP/212/04 de primero de marzo de dos mil cuatro, notificó al Partido Revolucionario Institucional que existían facturas y hojas membreteadas que no señalaban en forma clara si los spots correspondían al partido o a la coalición (como se podía ver en los renglones sombreados de color amarillo en el anexo 1 del propio oficio) y, sin embargo, la totalidad de los mismos fueron prorrateados entre el Partido Revolucionario Institucional y la coalición “Alianza para Todos”, la cual únicamente operó en noventa y siete distritos, adicionando el siguiente cuadro:

      (*) Las hojas membreteadas son por un importe de $47,247,911.32

Por lo anterior, la autoridad responsable solicitó al partido que presentara muestras de las versiones de los spots transmitidos, con la finalidad de verificar a quién beneficiaron las transmisiones precisadas, las cuales debían aplicarse, al decir de la responsable, a quien correspondiera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia.

En respuesta a lo anterior, mediante escrito número SAF/0075/04, del quince de marzo de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional manifestó lo siguiente:

“Respecto a los gastos que amparan las facturas A-434792 y 3135 de Televisa y CNI canal 40, respectivamente, se prorratearon en los 300 distritos, por considerar que los proveedores tienen cobertura nacional, beneficiando de igual forma a cada una de las campañas. Del total de las facturas se prorrateó en la coalición un 32.33%, porcentaje que representa los 97 distritos coaligados de un total de 300.

… (1 caja), se envían las muestras de las versiones transmitidas”.

Respecto de ello, en la resolución impugnada la responsable señala que no solamente se observó la factura No. A-434792 sino también la factura A-435507, toda vez que el partido presentó hojas membreteadas en forma conjunta por las facturas citadas por un importe total de $47,247,911.32 (CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N.), y agregó que, sin embargo, se procedió a analizar el contenido de las muestras presentadas, observando que no entregó los testigos correspondientes a las facturas A-434792, A-435507 y 3135, toda vez que de la verificación a dichos testigos se advirtió que hacían referencia a facturas diferentes a las mencionadas.

Asimismo, la autoridad responsable señala que “se constató que la caja citada no contiene una relación de los promocionales, por lo que se desconoce la localidad y la versión que fue transmitida en televisión, pues varias muestras contienen diferentes ediciones de una misma versión, en cuyo inicio aparece el nombre de una empresa, presumiblemente, de la casa productora en calidad de prueba”.

De igual forma, la autoridad responsable señaló que del análisis de los citados testigos se observó que de sesenta y seis promocionales observados, cincuenta y cinco corresponden al Partido Revolucionario Institucional y once a la coalición “Alianza para Todos”. Sin embargo, precisa la responsable, ninguno de los sesenta y seis promocionales observados se relaciona con las facturas A-434792, A-435507 y 3135 porque los testigos que están etiquetados no incluyen estos números.

Por las razones anteriores, la autoridad administrativa electoral federal concluyó que resultó materialmente imposible vincular dichos promocionales con las hojas membreteadas o con las facturas referidas en el escrito del partido político, y agregó que la valoración de las muestras ofrecidas carecía de certeza.

Lo anterior, llevó a la autoridad responsable a efectuar un comparativo entre los spots reportados en las hojas membreteadas anexas a las facturas A-434792, A-435507 y 3135 presentadas por el partido ahora recurrente, contra la información proporcionada por el monitoreo contratado por el Instituto Federal Electoral y realizado por la empresa IBOPE, a partir de lo cual se determinó que los promocionales no corresponden a publicidad de la coalición, sino del Partido Revolucionario Institucional, detallando tal análisis en el anexo 3 de la resolución impugnada.

En virtud de lo anterior, la autoridad electoral responsable concluyó que el importe de las facturas A-434792, A-435507 y 3135, respecto del cual formuló observaciones, debía considerarse de la siguiente manera:

Cabe advertir que el monto de las facturas A-434792, A-435507 precisado por la autoridad electoral en el cuadro que antecede, corresponde a la cantidad observada por la propia responsable, que fue de $42,421,998.92 (CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.), y no el monto total de $47,247,911.32 (CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N.), como quedó precisado previamente, y se puede advertir con claridad en el anexo número 4 de la resolución ahora impugnada, en el que se concentran los gastos centralizados del Partido Revolucionario Institucional en la revisión de informes de campaña de dos mil tres.

Ahora bien, derivado de lo anterior, la autoridad electoral señaló que en virtud de que las facturas A-434792, A-435507 y 3135 fueron prorrateadas en forma igualitaria entre los trescientos distritos electorales federales, es decir, entre los doscientos tres distritos en los cuales el partido contendió por sí mismo y los noventa y siete de la coalición “Alianza para Todos”, como se reflejaba en la información denominada “Prorrateo Gastos Centralizados 2003” de diecinueve de diciembre de dos mil tres, proporcionado por el propio partido político, se debía concluir que la observación no fue subsanada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento citado en segundo término en esta ejecutoria.

Como consecuencia de lo anterior, la autoridad administrativa electoral determinó que un importe de $14,199,829.16 (CATORCE MILLONES CIENTONOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 16/100 M. N.) le corresponde al Partido Revolucionario Institucional y no a la coalición “Alianza para Todos”, como lo detalló en la resolución impugnada, a través del siguiente cuadro:

Ahora bien, mediante oficio número STCFRPAP/212/04 del primero de marzo de dos mil cuatro, la Comisión de Fiscalización señaló al Partido Revolucionario Institucional los gastos en propaganda que se prorratearon correctamente entre el propio Partido Revolucionario Institucional y la coalición ‘Alianza para Todos’”, detallando los importes totales de la siguiente forma:

Asimismo, mediante el referido oficio del primero de marzo de dos mil cuatro, la Comisión de Fiscalización solicitó al partido político lo siguiente:

“Los renglones marcados de color verde señalados en el anexo 1 del oficio número STCFRPAP/212/04 ‘aplicaban estrictamente al partido’ de acuerdo a la versión de los spots transmitidos, sin embargo, fueron prorrateados entre el partido y la coalición citada.

Los renglones marcados de color rosa señalados en los anexos 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04 son aplicables, según las hojas membreteadas en su totalidad a la coalición de acuerdo a la versión de los spots transmitidos, sin embargo, fueron prorrateados a su vez al partido.

Respecto de tales observaciones, la Comisión de Fiscalización solicitó al Partido Revolucionario Institucional que explicara la razón del por qué los spots transmitidos se prorratearon entre el partido y la coalición, aun cuando en las hojas membreteadas se especificaba claramente que las versiones transmitidas correspondían al partido o a la coalición, por lo que debía realizar las correcciones que procedieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento precisado.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0075/04 del quince de marzo de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional manifestó lo siguiente:

“Gastos de televisión

En el caso de Televisa, S.A. de C.V., facturas 434792 y 435507, por 47,247,911.31, se aclara que correspondieron a spots transmitidos del 01 de abril al 02 de julio de 2003 a través de los canales del proveedor, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

…

Del análisis de lo manifestado por el partido y de la documentación presentada, se determinó que de acuerdo con la versión de los spots presentados y la cobertura de señal de la localidad en que se trasmitieron los gastos, corresponden al Partido Revolucionario Institucional, en cuanto a las facturas de referencia, en los siguientes casos:

De igual forma, la responsable señaló que respecto de los contratos celebrados con Televisa, S.A. de C.V., entre otros, presentados ante la propia autoridad electoral, de su análisis se constató que sólo hacen alusión a “el partido” y no mencionan en su contenido a la Coalición “Alianza para Todos”.

Asimismo, la autoridad administrativa electoral consideró que los gastos que corresponden a la coalición son los siguientes:

Por lo anterior, la autoridad determinó que al ser prorrateadas las facturas citadas en forma igualitaria entre los doscientos tres distritos del partido y los noventa y siete de la coalición, aun cuando corresponden en forma específica al partido o a la coalición, y al no presentar la nueva versión de los informes de “Prorrateo Gastos Centralizados 2003”, la responsable estimó que la observación no quedó subsanada al incumplir con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia, y precisó la cifra que correspondía al partido y no a la coalición.

Por otra parte, mediante el oficio número STCFRPAP/212/04, del primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por el partido político recurrente en la misma fecha, se le solicitó lo siguiente:

“… Además, las facturas A-434792 y A-435507 del proveedor Televisa, S.A. de C.V. señaladas en el Anexo 1 del oficio STCFRPAP/212/04 (Anexo 1 del presente oficio) presentaban hojas membreteadas en las que no se identificaban a qué factura correspondían.

Por lo anterior, se le solicitó al partido que aclarara qué spots de las versiones transmitidas correspondían a cada una de las facturas citadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento relativo a los partidos políticos.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0075/04 del quince de marzo de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional manifestó lo siguiente:

“Con el proveedor Televisa, S.A. de C.V., se contrató un paquete de publicidad por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre del 2003, por un total de 85,100,000.00, esta operación fue amparada por dos facturas de 42,550,000.00 cada una, lo concerniente al periodo de campaña ascendió a 47,247,911.31, de los cuales 31,971,102.4, correspondieron a los distritos del partido, por lo que el proveedor emitió la respectiva hoja membreteada por dicho importe y el total de spots transmitidos en ese periodo y no por factura”.

Del análisis de la respuesta del Partido Revolucionario Institucional, la autoridad administrativa electoral observó que las hojas membretadas no hacían referencia a los spots que corresponden a las facturas A-434792 y A-435507, además de que, aun cuando el partido indicó que los promocionales que le correspondían ascendían a $31,971,102.42 (TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 42/100 M. N.), se observaba que éstos incluían spots y distritos de la coalición “Alianza para Todos”, precisando tal circunstancia en un cuadro semejante al que enseguida se reproduce:

Por todo lo anterior, la autoridad administrativa electoral determinó que al presentar las hojas membreteadas combinadas con spots del partido y la coalición, así como en su cobertura, y al no detallar las versiones transmitidas que correspondían a cada una de las facturas citadas, la observación que se le formuló no quedaba subsanada, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento ya citado. En consecuencia, la autoridad consideró para el prorrateo de gastos la localidad en que se transmitieron los promocionales y que estos beneficiaban al partido político y no a la coalición.  

En razón de lo anterior, la autoridad administrativa electoral procedió a realizar el prorrateo de los gastos centralizados reportados por el Partido Revolucionario Institucional, respecto de las facturas previamente precisadas, junto con las restantes facturas relativas a los  gastos en televisión, utilizando el mismo porcentaje de distribución en cada uno de los distritos electorales federales. Dicho prorrateo se encuentra detallado en los Anexos 8 y 10 de la resolución impugnada, los cuales se componen de la siguiente forma:

Se consideraron los doscientos tres distritos electorales federales en que contendió el partido, como se puede ver en las tres primeras columnas de dichos anexos.

Se consideraron los gastos centralizados que le corresponden al partido, según la auditoría realizada por la autoridad administrativa electoral.

Como lo precisa la autoridad electoral, el procedimiento de prorrateo de los gastos centralizados se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.6 del Reglamento relativo a los partidos políticos; es decir, un 50% en forma igualitaria y el 50% restante de conformidad con los porcentajes detallados en los Anexos 5 y 7 de la resolución impugnada.

El Anexo 8 corresponde al prorrateo fijo del gasto centralizado reportado por el Partido Revolucionario Institucional en Televisión, el cual se prorrateó de manera igualitaria entre los doscientos tres distritos beneficiados según correspondiera, considerando como base del prorrateo los gastos centralizados determinados por la auditoría, según lo detallado en el Anexo 4.

En la columna “Según Auditoría” del Anexo 8, se pueden observar las cifras correspondientes a cada uno de los distritos determinados por la auditoría realizada por la responsable.

Cabe precisar que respecto de las facturas No. A-434792 y A-435507, así como de la factura 3135, objeto de análisis en el presente apartado, en la columna “Según Auditoría” del Anexo 8 el prorrateo se realizó de manera igualitaria entre los distritos afectados del partido, toda vez que las hojas membreteadas de las citadas facturas indican que los promocionales se transmitieron a nivel nacional.

Por lo que se refiere al Anexo 10, el mismo corresponde al prorrateo variable del gasto centralizado realizado por el Partido Revolucionario Institucional en Televisión, en beneficio tanto del partido como de la coalición, respecto de lo cual la autoridad electoral señala que realmente debían asignarse aplicándolo sólo a los porcentajes de los montos líquidos que el partido determinó para cada uno de los doscientos tres distritos electorales federales, los cuales  detalló en el Anexo 7 de la resolución impugnada.

Al respecto, la autoridad electoral precisó, en la resolución impugnada, que lo anterior fue en razón de que los montos líquidos que el partido aplicó a cada uno de los doscientos tres distritos no coinciden con los porcentajes de prorrateo variable entregados por el partido el día diecinueve de diciembre de dos mil tres. Esto es, al decir de la autoridad administrativa electoral federal, el prorrateo variable aplicable a los doscientos tres distritos del partido fue asignado conforme con el porcentaje obtenido de las cifras en pesos y centavos que  el propio partido reportó y no de acuerdo con los porcentajes reportados. Esto debía ser así porque al aplicar los porcentajes establecidos por el partido, la propia responsable observó que estos no coincidían con los montos asignados en pesos y centavos.

En el Anexo 10 se presentan las cifras correspondientes a los gastos erogados por el Partido Revolucionario Institucional en beneficio del mismo, los cuales fueron reportados mediante treinta y seis facturas de gastos en televisión presentadas a esta autoridad electoral, entre las cuales se encuentran las No. A-434792 y A-435507, así como la 3135, objeto de análisis en el presente apartado.

Cabe señalar que respecto de las facturas No. A-434792 y A-435507, la autoridad responsable precisó que en la columna “Según Auditoría” del Anexo 10, el prorrateo se efectuó aplicando los porcentajes de distribución del Anexo 7 entre los distritos afectados del partido, toda vez que las hojas membreteadas de las citadas facturas indican que los promocionales se transmitieron a nivel nacional.

Además, la autoridad responsable señala que adicionalmente a lo antes precisado, el Partido Revolucionario Institucional realizó gastos centralizados en Televisión y Radio únicamente en su beneficio, toda vez que fueron realizados por los Comités Directivos Estatales del citado partido, de los cuales se efectuaron los cálculos correspondientes considerando el 50% igualitario, de conformidad con el artículo 12.6 del Reglamento de mérito, mismo que coincide con el determinado por auditoría, situación que se plasmó en los Anexos 12 y 13 de la resolución combatida.

De igual forma, la responsable señala que respecto del 50% variable, en los Anexos 14 y 15, se realizaron los cálculos correspondientes considerando el monto total de gastos centralizados de campaña erogados por el Partido Revolucionario Institucional en Televisión y Radio, respectivamente, los cuales beneficiaron únicamente al mismo, toda vez que fueron realizados por los Comités Directivos Estatales, mismo que se asignó aplicando los porcentajes de los montos líquidos que el partido asignó a cada uno de los doscientos tres distritos por parte de la autoridad electoral y los cuales se detallan en el Anexo 7.

Una vez que la responsable determinó los porcentajes del prorrateo variable correspondiente, de acuerdo con el gasto aplicado por el partido a cada uno de los doscientos tres distritos, procedió a determinar el total de los gastos de campaña para cada uno de sus distritos.  Dicha operación la detalló en el Anexo 17 de la resolución impugnada.

Como resultado de las operaciones realizadas en dicho anexo 17, la autoridad administrativa electoral arribó a la conclusión de que, como resultado de la aplicación del gasto reportado en cada uno de los distritos, el Partido Revolucionario Institucional rebasó el tope de gastos de campaña en un total de ciento treinta distritos electorales uninominales, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como puede advertirse de lo antes expresado, la autoridad administrativa electoral llegó a la conclusión de que el partido político ahora recurrente había rebasado los topes de gastos de campaña, en lo que se refiere al agravio bajo análisis, a partir de realizar una distribución de los gastos respaldados con las facturas 434792 y 435507 de Televisa, S.A. de C.V., así como 3135 de Corporación de Noticias e Información S.A. de C.V., con un criterio diverso al planteado por el propio partido político, y que, en esencia, consiste en que, en vez de hacer la distribución entre los trescientos distritos uninominales en que se divide el territorio nacional (considerando que en noventa y siete participó en coalición y en los doscientos tres restantes por sí mismo), como lo había planteado el propio inconforme, consideró que los importes de las facturas antes precisadas se deberían distribuir exclusivamente entre los distritos electorales en que participó individualmente, lo que tuvo como resultado el rebase de los topes de gastos de campaña de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en ciento treinta distritos electorales federales.

El criterio del Partido Revolucionario Institucional se sustentó en el hecho de que los citados proveedores tienen cobertura nacional, por lo cual, en su opinión, se beneficiaron las campañas electorales en todos los distritos uninominales en que se divide el territorio de la República Mexicana.  Sin embargo, como ha quedado precisado, la autoridad electoral consideró que ello no podía ser así, porque, en los distritos en que participó en coalición, la propaganda en televisión debía estar referida exclusivamente a la propia coalición y no a uno sólo de los partidos que la integraban.

Sobre el particular, esta Sala Superior estima que el Partido Revolucionario Institucional sí incurrió en irregularidades puesto que no debió haber pagado por sí sólo el costo de las campañas centralizadas en los distritos en que participó en coalición, sino que la propia coalición debió haber cubierto con sus recursos el costo de tales campañas, utilizando los recursos de las cuentas que al efecto debió haber abierto, mismas que han quedado previamente precisadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.

En este sentido, no es válido admitir que el prorrateo de los gastos centralizados de las campañas de diputados de mayoría relativa del Partido Revolucionario Institucional se realizara entre los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, pues ello va en contra de las disposiciones que previamente han quedado precisadas, en donde se establece que los prorrateos de mérito deben realizarse atendiendo a quien se encuentra participando en la demarcación electoral correspondiente, y no sólo al criterio de a quién supuestamente benefició la propaganda de mérito (porque, como vanamente lo propone el partido actor, el emblema de la coalición también contenía el del partido político), lo cual tampoco pudo ser determinado por la autoridad responsable, a partir de la información proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional, pues la misma presentó las deficiencias y omisiones que han quedado precisadas.

Esto es así, pues si bien es cierto que el criterio que se debe seguir en cuanto a la distribución de los gastos realizados con motivo de las campañas centralizadas es atendiendo a qué campaña resulta beneficiada, no es dable aceptar el criterio pretendido por el Partido Revolucionario Institucional, pues ello implica desconocer las reglas previstas en las normativa reglamentaria antes precisada, en particular lo relativo a que tanto el partido político, como la coalición parcial, debieron realizar su respectivo prorrateo de los gastos centralizados de campaña.

De tal forma, contrariamente a lo alegado por el impetrante, no resulta válido aceptar el argumento en el sentido de que, toda vez que aparece el nombre o emblema del partido de referencia, la coalición de la cual formó parte sí se benefició con esa propaganda electoral, pues ello implicaría desconocer las reglas aplicables al caso concreto, y que han quedado previamente definidas, las cuales permiten documentar en forma fehaciente los términos y condiciones en que se ejercen los recursos de los partidos políticos, así como instrumentar adecuadamente su control y fiscalización en términos del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución federal, y demás disposiciones legales aplicables.

Al respecto, es necesario tener presente que esta Sala Superior ha  sostenido que en la correspondiente exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios de diversos partidos políticos y el titular del Poder Ejecutivo Federal, aprobada por el Órgano Revisor de la Constitución, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se estableció expresamente que la preocupación de los propios partidos políticos y la sociedad por evitar los desequilibrios perjudiciales para la competencia democrática originó que se promoviera la protección de dos “valores fundamentales”: La equidad en la competencia electoral y la “necesaria transparencia en el origen y aplicación de los recursos económicos de los recursos económicos de los partidos políticos”.

Asimismo, en el correspondiente dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Primera Sección, Puntos Constitucionales, Distrito Federal, y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se señaló que el régimen de financiamiento de los partidos políticos es relevante, entre otras razones, porque combate la corrupción, al propiciarse la “transparencia” que, a su vez, refuerza la confianza del electorado sobre el uso del financiamiento en los comicios.

Lo anterior permite establecer, bajo una interpretación funcional y, en particular, una interpretación genética y teleológica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que la transparencia en el origen y aplicación de todos los recursos económicos de los partidos políticos es uno de los valores fundamentales tutelado por el Constituyente Permanente en la norma establecida en el párrafo in fine de la fracción II del párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución federal, y en este sentido, es necesario que quede claramente identificado cuándo se trata de gastos de campaña realizados por un partido político por sí mismo, y qué erogaciones son las que corresponden a una coalición.

En este sentido, proceder conforme a lo solicitado por el partido político actor podría dar lugar a que en determinado momento un partido político pretendiera financiar las campañas de una coalición parcial más allá de lo acordado en el correspondiente convenio de coalición, sin el conocimiento de la autoridad electoral, toda vez que tales erogaciones no provendrían de las cuentas bancarias que al efecto deben crearse, o que el partido pretendiera distribuir artificiosamente sus gastos de campaña donde participó en forma individual, de tal manera que supuestamente no excediera los topes de gastos de campaña, como ocurrió en el presente caso.

En efecto, no es dable aceptar el criterio planteado por el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que al participar en una coalición parcial con el Partido Verde Ecologista de México en noventa y siete distritos electorales federales uninominales, en donde el emblema de la misma se encontraba conformado, a su vez, con los emblemas de los dos partidos políticos coaligados, ello era suficiente para estimar que, no obstante que en los spots apareciera solamente uno de los institutos políticos de mérito, tal campaña sí beneficiaba finalmente a la coalición multireferida, pues, se insiste, ello implicaría desconocer las reglas que sobre el particular se establecen en las disposiciones reglamentarias que han quedado precisadas previamente, a través de una supuesta situación de hecho que tampoco corresponde con la realidad.

Además, tales conductas pueden propiciar que la autoridad electoral administrativa no pueda llevar a cabo adecuadamente sus funciones de fiscalización, previstas constitucional y legalmente, respecto de todos los ingresos y gastos que realizan los partidos políticos nacionales.

Finalmente, no es óbice para lo anterior el hecho de que en el convenio de coalición parcial de mérito se haya establecido que sería el Partido Revolucionario Institucional el encargado de las finanzas de dicha coalición, toda vez que ello no puede implicar en momento alguno que se pueda dar una confusión o unificación de las cuentas que, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, se deben manejar en forma independiente, pues se trata de dos modalidades en la forma de participar de un partido político en el correspondiente proceso electoral y que, si bien se sujetan a reglas similares, atendiendo a la normativa de mérito, deben cumplir con ciertas reglas específicas para cada caso, para cumplir con la finalidad constitucionalmente prevista de transparentar y fiscalizar el origen y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos.

III. Los argumentos precisados en el apartado A, referentes a la violación a la garantía de audiencia son infundados, como se razona a continuación.

En primer término, resulta necesario destacar los antecedentes de la sanción en cuestión.

En la sentencia dictada por esta Sala Superior, el once de junio del año dos mil cuatro, en el recurso de apelación SUP-RAP-18/2004, se advierte que se estimaron parcialmente fundados los motivos de inconformidad relacionados con la irregularidad identificada con el inciso q’) del considerando 5.2 de la resolución CG79/2004.

En tales agravios el impugnante argumentó, en esencia, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral incumplió con su obligación de fundar y motivar debidamente su resolución, dado que para arribar a la conclusión de que el Partido Revolucionario Institucional había rebasado el tope de gastos de campaña (en ciento treinta distritos electorales federales), se basó en el prorrateo determinado por la auditoría en corrección al aplicado por el partido, sin exponer los motivos por los cuales no aceptó los criterios de prorrateo efectuados por el referido instituto político, no obstante que es un derecho de los partidos políticos realizar el prorrateo del cincuenta por ciento del gasto de campaña centralizado. De igual forma, en opinión del inconforme, la autoridad tampoco detalló la distribución que realizó del gasto por distrito, ni señaló los criterios que siguió para llevar a cabo dicha distribución, de manera que la resolución reclamada, a juicio del impugnante, carecía de fundamentación y motivación.

Esta Sala Superior consideró, en la sentencia emitida en el SUP-RAP-18/2004, que eran fundados tales agravios porque, como lo señaló el impetrante en su momento, para determinar que el Partido Revolucionario Institucional había rebasado el tope de gastos de campaña en ciento treinta distritos electorales federales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral se basó en el prorrateo que dicha autoridad dijo que fue determinado por la auditoría en corrección al aplicado por el citado instituto político; empero, la responsable omitió exponer razonamiento alguno en el cual expresara los motivos por los cuales estimó que el prorrateo debía realizarse en los términos que asentó en el anexo 23 del dictamen consolidado y, por otra parte, por los que estableciera los criterios para la distribución del gasto por distrito o alguna otra consideración por la cual hubiera dejado en claro por qué resultaban inaceptables los criterios que había utilizado el Partido Revolucionario Institucional para llevar a cabo dicho prorrateo.

En este sentido, en el referido fallo del recurso de apelación que antecedió al presente medio de impugnación, esta Sala Superior destacó que lo único que al respecto realizó la autoridad responsable fue remitirse al anexo 23 del dictamen consolidado, sin embargo, no dio explicación alguna de cómo es que se arribó a las cantidades que en ese anexo se asentaron; mientras que en el referido anexo constaban solamente los datos de identificación de los distritos de cada Entidad Federativa; así como las cantidades relativas a los rubros de: “Total de gastos IC”, prorrateo según partido; diferencia entre esos dos rubros; prorrateo según auditoría; total de gastos según auditoría; tope de campaña; importe que rebasa el tope de campaña; importe prorrateado de las facturas 8416 y 8007 de MVS; diferencia con MVS, y finalmente, la indicación de los distritos en que se rebasó el tope de gastos de campaña.

Sin embargo, de los datos contenidos en el citado anexo 23, a que se ha hecho alusión, no era posible desprender cuáles fueron los procedimientos en los que se apoyó la Comisión de Fiscalización para la elaboración del prorrateo de los gastos y que llevaron a la autoridad responsable a concluir que se habían rebasado los topes de gastos de campaña, no sólo en los diecisiete distritos que inicialmente había detectado, sino en ciento trece distritos más, para dar un total de ciento treinta distritos.

De conformidad con lo anterior, esta Sala Superior arribó a la conclusión de que la autoridad responsable, en esa ocasión, incumplió con el principio de legalidad electoral, pues omitió fundar y motivar debidamente su resolución en relación con la aplicación del prorrateo que le sirvió de base para determinar que el Partido Revolucionario Institucional había rebasado los topes de gastos de campaña en ciento treinta distritos electorales federales, dejando a dicho instituto político en estado de indefensión, dado que no se le hicieron saber los fundamentos y motivos que llevaron a la recurrida a concluir que había incurrido en una infracción a la normativa electoral y, por ende, no se le permitió realizar una adecuada defensa en contra de tal determinación, por tal razón, este órgano jurisdiccional electoral federal determinó que lo procedente era revocar esa parte de la resolución en la que se sancionó al Partido Revolucionario Institucional por haber rebasado el tope de gastos de campaña en ciento treinta distritos, y ordenar a la autoridad que emitiera un nuevo pronunciamiento en el que fundando y motivando su determinación resolviera sobre la procedencia o no del prorrateo presentado por el referido instituto político, en su caso, cuáles serían los fundamentos de la aplicación de un prorrateo distinto y, en el supuesto de que esto último aconteciera, determinara si el partido político rebasó los topes de gastos de campaña en determinados distritos.

En virtud de lo antes señalado, en la sentencia de mérito, entre otras cosas, esta Sala Superior resolvió revocar la sanción contenida en el inciso q’), del apartado 5.2, de la resolución entonces impugnada, para el efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, volviera a analizar lo relativo al prorrateo de los gastos a que aludió y la posible existencia de irregularidades en relación con el rebase a los topes de campaña, fundando y motivando su determinación a ese respecto.

En cumplimiento a lo anterior, el treinta de noviembre del año dos mil cinco, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG265/2005, que es el que constituye el acto reclamado en el presente recurso de apelación que se resuelve.

En dicha resolución se señala que en el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala (en el numeral 46), que al aplicar las cifras determinadas por auditoría en el prorrateo de gastos presentado por el partido, se determinó que en ciento treinta distritos electorales, se rebasó el tope de gastos de campaña establecido para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral de dos mil tres.

Tal situación fue considerada por la Comisión de Fiscalización, como un incumplimiento a lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se determinó hacerlo del conocimiento del Consejo General, para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto por esta Sala Superior en el resolutivo tercero de la sentencia recaída al recurso de apelación con el expediente SUP-RAP-18/2004, en la resolución ahora impugnada, se destaca que mediante escrito número SAF/0344/03, del diecinueve de diciembre de dos mil tres, el partido político recurrente presentó documentación denominada “Prorrateo de Gastos Centralizados 2003”, la cual muestra las cifras correspondientes a los gastos centralizados realizados por el Partido Revolucionario Institucional y la coalición “Alianza para Todos”. El detalle del resumen de dichos gastos fue el siguiente:

NOTA: * Gastos efectuados en forma centralizada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tanto para la coalición “Alianza para Todos” como para el partido.

Ahora bien, en la resolución impugnada se precisa que el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo gastos en forma centralizada que afectaron directamente a los distritos de la coalición “Alianza para Todos”. En consecuencia, y como se puede observar en el cuadro que antecede de un total de $115,624,726.91 (CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 91/100 M.N.) que fueron prorrateados, $42,523,708.75 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N.), le correspondieron a la mencionada coalición, mismos que fueron distribuidos entre los noventa y siete distritos electorales uninominales en los que contendió en forma coaligada con el Partido Verde Ecologista de México. De tal forma, como se advierte en el cuadro que antecede, en la parte correspondiente al partido se reportó un monto de $73,101,018.16 (SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN MIL DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N.), distribuidos entre los doscientos tres distritos electorales en los que contendió por sí mismo.

Sin embargo, la propia resolución precisa que dicho monto fue sujeto a observaciones por parte de la autoridad electoral, afectando a los distritos del partido.

Además, en la resolución impugnada se señala que, de la verificación a la documentación de los gastos centralizados realizados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional consistente en facturas, hojas membreteadas, órdenes de servicio, contratos, correspondientes a televisión y radio, se observó que los gastos no se aplicaron correctamente, toda vez que se aplicó gastos de más ó de menos en algunos distritos del partido.

De igual forma, en la resolución impugnada se precisa que tal situación se hizo del conocimiento del partido, mediante oficio número SCTFRPAP/212/04 de primero de marzo de dos mil cuatro, recibido el mismo día, en el cual en los anexos 1 y 2 del citado oficio, se le indicó al ahora recurrente que los distritos del partido se afectaron de la siguiente manera:

Asimismo, la responsable sostiene que en el mencionado oficio en sus anexos 1 y 2 se le señaló al partido político, mediante colores, lo siguiente:

Derivado de lo anterior y mediante el oficio antes citado, la autoridad responsable señala que se notificó al partido que existían facturas correspondientes a Gastos en Televisión y Radio que se distribuyeron entre el partido y la coalición, correspondiéndole al primero un 67.67%  y, a la segunda el 32.33% restante. Por ello, se solicitó al partido que señalara los motivos del por qué una misma factura se distribuyó, tanto para el partido como para la coalición ‘Alianza para Todos’, toda vez que se trata de dos entes distintos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia.

En este sentido, en el acto ahora impugnado se destaca que la solicitud antes citada fue notificada al partido político mediante oficio número STCFRPAP/212/04, del primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por el partido en la misma fecha. Al respecto, se sostiene, por parte de la responsable, que mediante escrito número SAF/0075/04, de quince de marzo de dos mil cuatro, el partido manifestó lo que siguiente:

“El Partido Revolucionario Institucional contrató los servicios de publicidad y propaganda que beneficiaron a la campaña de los 300 distritos, con el objeto de convenir mejores costos de oportunidad, por lo que las erogaciones y los contratos con los proveedores los efectuó directamente el partido. En consecuencia, y bajo el criterio del beneficio general, este partido prorrateo en forma equitativa y en cumplimiento a la norma, estos gastos, buscando un equilibrio de gasto entre las 300 campañas, ya que los proveedores contratados cuentan con cobertura nacional. Razón por la cual, se tomó el criterio de distribución de gasto del 67.67% para los 203 distritos de este partido”.

Tomando en consideración la respuesta del partido, en la resolución impugnada, se precisa que la autoridad electoral consideró que se incumplió con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia, toda vez que el partido debió presentar la totalidad de sus egresos centralizados sin que éstos fueran mezclados con los de la Coalición “Alianza para Todos”, por tratarse de dos entes distintos.

Asimismo, la autoridad responsable aclara que un importe de $16,986,488.16 (DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.), está identificado claramente a la Coalición como se indicó en los anexos 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04, lo cual resumió de la siguiente forma:

Por otra parte, la autoridad responsable señaló que, hasta que no se aclarara la situación de los gastos prorrateados no se podía determinar el importe que correspondía respecto a los gastos que se prorratearon entre el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición, en las facturas señaladas con el color amarillo por un monto de $43,916,998.92 (CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.), en los citados anexos, mismo que se detalló de la siguiente forma:

Además, en la resolución impugnada se precisa que en el citado oficio número STCFRPAP/212/04, del primero de marzo de dos mil cuatro, se notificó al partido lo siguiente:

“… De lo señalado en los Anexos 1 y 2 columna ‘Observaciones’, se determinó lo siguiente:

Existían facturas y hojas membreteadas que no señalaban en forma clara si los spots correspondían al partido o a la Coalición, como se podía ver en los renglones sombreados de color amarillo Anexo 1 del oficio número STCFRPAP/212/04, sin embargo, la totalidad de los mismos fueron prorrateados entre el partido y la coalición “Alianza para Todos”, la cual únicamente operó en 97 distritos. A continuación se señalan las facturas en comento:

      (*) Las hojas membreteadas son por un importe de $47,247,911.32

Por lo antes expuesto, se solicitó al partido que presentara muestras de las versiones de los spots transmitidos, con la finalidad de verificar a quién beneficiaron las transmisiones referidas, las cuales debían aplicarse a quien correspondiera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia.

En consecuencia, la responsable sostuvo que mediante escrito número SAF/0075/04 de quince de marzo de dos mil cuatro, el partido ahora recurrente manifestó lo siguiente:

“Respecto a los gastos que amparan las facturas A-434792 y 3135 de Televisa y CNI canal 40, respectivamente, se prorratearon en los 300 distritos, por considerar que los proveedores tienen cobertura nacional, beneficiando de igual forma a cada una de las campañas. Del total de las facturas se prorrateó en la coalición un 32.33%, porcentaje que representa los 97 distrito coaligados de un total de 300.

… (1 caja), se envían las muestras de las versiones transmitidas”.

En la resolución se precisa que a lo citado por el partido, procedía señalar que no solamente se observó la factura No. A-434792 sino también la factura A-435507, toda vez que el partido presentó hojas membreteadas en forma conjunta por las facturas citadas por un importe total de $47,247,911.32 (CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N.).

Ahora bien, el análisis de las muestras presentadas por el partido político, realizado por la autoridad responsable, quedó precisado en los siguientes términos, en la resolución impugnada.

No entregó los testigos correspondientes a las facturas observadas, en este caso, A-434792, A-435507 y 3135, toda vez que de la verificación a dichos testigos se observó que hacen referencia a facturas diferentes a las mencionadas.

Se constató que la caja citada no contiene una relación de los promocionales, por lo que se desconoce la localidad y la versión que fue transmitida en televisión, pues varias muestras contienen diferentes ediciones de una misma versión, en cuyo inicio aparece el nombre de una empresa, presumiblemente, de la casa productora en calidad de prueba.

Del análisis a los citados testigos se observó que de 66 promocionales observados, 55 corresponden al Partido Revolucionario Institucional y 11 a la coalición “Alianza para Todos”. Sin embargo, como se señaló anteriormente, ninguno de los 66 promocionales observados, se relaciona con las facturas A-434792, A-435507 y 3135 porque los testigos que están etiquetados no incluyen estos números.

Por las razones anteriores, resultó materialmente imposible vincular dichos promocionales con las hojas membreteadas o con las facturas referidas en el escrito del partido, por lo que la valoración de las muestras ofrecidas carece de certeza.

Por lo cual, la autoridad electoral efectuó un comparativo entre los spots reportados en las hojas membreteadas anexas a las facturas A-434792, A-435507 y 3135 presentadas por el partido contra la información proporcionada por el monitoreo contratado por el Instituto Federal Electoral y realizado por la empresa IBOPE, por lo que se determinó que los promocionales no corresponden a publicidad de la coalición, sino al Partido Revolucionario Institucional, como se detalla en el Anexo 3 del presente (Anexo 21 del Dictamen consolidado de Informes de Campaña del año 2003).

En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral constató que el importe de las facturas A-434792, A-435507 y 3135 deben considerarse de la siguiente manera:

Nota: Existe una diferencia de $27,600.00, entre la factura número 3135 y sus respectivas hojas membreteadas, situación que se detalla posteriormente.

Derivado de lo anterior, y en virtud de que las facturas A-434792, A-435507 y 3135 fueron prorrateadas en forma igualitaria entre los 300 distritos, es decir, entre los 203 distritos en los cuales el partido contendió por sí mismo y los 97 de la coalición “Alianza para Todos”, como se refleja en la información denominada “Prorrateo Gastos Centralizados 2003” de fecha 19 de diciembre de 2003 proporcionado por el partido, la observación se consideró no subsanada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia. En consecuencia, se determinó que un importe de $14,199,829.16 le corresponde al Partido Revolucionario Institucional y no a la coalición “Alianza para Todos”, como se detalla a continuación:

Por otra parte, mediante oficio número STCFRPAP/212/04 de fecha 1 de marzo de 2004, se solicitó al partido lo siguiente:

“Existían facturas referenciadas en el Anexo 1 del oficio número STCFRPAP/212/04 que no especificaba a quien correspondía, si al partido o a la coalición. Asimismo, no se presentaron las hojas membreteadas con la relación de cada uno de los promocionales que amparaban las facturas y el periodo de tiempo en los que se transmitieron, razón por la cual, no se pudo verificar si la aplicación de los mismos a la coalición fue correcta. Las facturas en comento se señalan en el renglón marcado de color canela y señalada con la letra “X”.

Por lo antes expuesto, se solicitó al partido que presentara las hojas membreteadas con la relación de cada uno de los promocionales que amparara la factura y el periodo de tiempo en que se transmitieron, en las que se especificara los promocionales que correspondían al partido o, en su caso, a la coalición. Además, debía proporcionar muestra de las versiones de los spots transmitidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0075/04 de fecha 15 de marzo de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“… se envía copia de la hoja membreteada que ampara las facturas 15319, 15320 y 15321 del proveedor Cabafer Asociados, S.A. de C.V., cabe señalar que los promocionales correspondieron a la coalición por transmitirse en el estado de Chihuahua, cuyos distritos fueron coaligados. Así mismo se envía copia del oficio enviado al proveedor solicitando las muestras correspondientes de las versiones transmitidas, las cuales una vez que se obtengan serán enviadas a esa autoridad”.

Del análisis a lo manifestado por el partido y a la documentación presentada, se determinó que el gasto efectivamente corresponde a la coalición, toda vez que las hojas membreteadas señalan la localidad en la que se transmitieron los spots. A continuación se indican los gastos en comento:

Sin embargo, aun cuando el partido aplicó correctamente los gastos prorrateados, no proporcionó muestra de las versiones transmitidas. Por lo tanto, al no presentar las evidencias solicitadas, únicamente se consideró la localidad en la que se transmitieron los promocionales señalados en las hojas membreteadas presentadas.

Con oficio número STCFRPAP/212/04 de fecha 1 de marzo de 2004, se solicitó al partido lo siguiente:

“… Adicionalmente, como se señaló en los Anexos 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04 columna ‘Observaciones’, la factura o la hoja membreteada presentada, mencionaba que la propaganda se aplicó de la siguiente manera:

Los renglones sombreados de color verde claro señalados en los Anexo 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04 se aplicaron correctamente al Partido Revolucionario Institucional.

Los renglones sombreados de color fucsia señalados en los Anexos 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04 se aplicaron correctamente a la coalición ‘Alianza para Todos’”.

A continuación se detallan los importes totales que efectivamente el partido consideró en su prorrateo en forma correcta:

Asimismo, mediante el oficio número STCFRPAP/212/04 de fecha 1 de marzo de 2004, se solicitó al partido lo siguiente:

“Los renglones marcados de color verde señalados en el anexo 1 del oficio número STCFRPAP/212/04 ‘aplicaban estrictamente al partido’ de acuerdo a la versión de los spots transmitidos, sin embargo, fueron prorrateados entre el partido y la coalición citada.

Los renglones marcados de color rosa señalados en los anexos 1 y 2 del oficio número STCFRPAP/212/04 son aplicables, según las hojas membreteadas en su totalidad a la coalición de acuerdo a la versión de los spots transmitidos, sin embargo, fueron prorrateados a su vez al partido.

Referente a los dos puntos anteriores se solicitó al partido que explicara la razón del por qué los spots transmitidos se prorratearon entre el partido y la coalición, aún cuando en las hojas membreteadas se especificaba claramente que las versiones transmitidas correspondían al partido o a la coalición, por lo que debía realizar las correcciones que procedieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia”.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0075/04 de fecha 15 de marzo de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Gastos de televisión

En el caso de Televisa, S.A. de C.V., facturas 434792 y 435507, por 47,247,911.31, se aclara que correspondieron a spots transmitidos del 01 de abril al 02 de julio de 2003 a través de los canales del proveedor, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

En el caso de MVS Televisión, S.A. de C.V., factura 8416, por 2,875,000.00, se aclara que correspondieron a spots transmitidos del 01 de abril al 02 de julio de 2003 en el sistema de televisión restringida o por cable MAS TV, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

Por lo que se refiere a los gastos de televisión contratados con Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V., facturas 24426 y 24427, por un importe total de 1,725,000.49, se aclara que correspondieron a spots transmitidos del 20 de abril al 29 de junio de 2003 en XEW canal 2, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

En el caso de Publicidad Virtual, S.A. de C.V., facturas 3035 y 3031, por un total de 2,300,000.00, se aclara que correspondieron a publicidad transmitida en partidos de fútbol soccer en la temporada clausura 2003, en canales de televisión abierta 2, 5, 7, 9 y 13, que tienen cobertura nacional, tanto en los distritos coaligados como en los del partido, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

… se envían copia de los contratos de los proveedores citados, donde se menciona la cobertura de los servicios prestados.

... se envían las muestras de las versiones transmitidas de Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V., de este último proveedor, se hace la aclaración que lo transmitido corresponde al material elaborado por Quadrum Producciones, S.A. de C.V.

Gastos de Radio

Por lo que se refiere a las facturas 12187 y 12188 de Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V., 68632 de Corporación Mexicana de Radiodifusión, 38262 y 38265 de Radiorama, S.A. de C.V., 19015 y 19016 de Radiodifusoras  Asociadas, S.A. de C.V., y 934 de Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., los gastos correspondientes a los estados de Aguascalientes y Yucatán, se prorratearon entre todos sus distritos, tanto en los de la coalición como en los del partido, debido a que fueron beneficiados de igual forma por la cobertura de las radiodifusoras.

(…) se envían las muestras de los spots de los proveedores Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Radiodifusión y Radiorama, S.A. de C.V., en el caso de Radiodifusoras Asociadas, S.A. de C.V. y Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., (…) se envía copia del oficio de solicitud al proveedor de las muestras de los spots, por lo que una vez que se reciban, se enviarán a esa autoridad”.

Del análisis a lo manifestado por el partido y a la documentación presentada, se determinó que de acuerdo a la versión de los spots presentados y la cobertura de señal de la localidad en que se trasmitieron los gastos, corresponden al Partido Revolucionario Institucional, en los siguientes casos:

Respecto a los contratos celebrados con Televisa, S.A. de C.V., MVS Televisión, S.A. de C.V., Editorial Clío Libros y Videos, S.A. de C.V., y con Publicidad Virtual, S.A. de C.V. presentados a esta Autoridad Electoral, de su análisis se constató que solo hacen alusión a “el partido” y no mencionan en su contenido a la Coalición “Alianza para Todos”.

Ahora bien, los gastos que corresponden a la coalición, se consideran que son los siguientes:

Por todo lo anterior, al ser prorrateadas las facturas citadas en forma igualitaria entre los 203 distritos del partido y los 97 de la coalición, aun cuando corresponden en forma específica al partido o a la coalición, y al no presentar la nueva versión de los Informes de “Prorrateo Gastos Centralizados 2003”, la observación no quedó subsanada al incumplir con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia. Por lo tanto, la cifra que corresponde al partido y no a la coalición asciende a $8,043.63, misma que incluye la suma de diferencias de los renglones sombreados de color verde y de color rosa, como se detalla a continuación:

Con oficio número STCFRPAP/212/04, de fecha 1 de marzo de 2004, recibido en la misma fecha, se solicitó al partido lo siguiente:

“El renglón marcado en color oro señalado en el anexo 1 del oficio número STCFRPAP/212/04 correspondía a spots transmitidos en el Estado de Sonora el cual fue coaligado, sin embargo en las hojas membreteadas se observó que correspondían al Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anterior, se solicitó al partido que explicara la razón del por qué en una entidad federativa en la cual las campañas fueron coaligadas se transmitieron spots de versiones correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de la materia”.

En consecuencia, mediante escrito número SAF/0075/04 de fecha 15 de marzo de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto a PEFAC División Medios, S.A. de C.V., factura 577, por 88,454.17, debido a un error de programación del proveedor, se transmitieron por sistema de televisión por cable, en distritos coaligados, promocionales del partido, sin embargo se prorratearon en la coalición, en virtud de que tales campañas fueron beneficiadas directamente, ya que se difundió el emblema del partido que también es parte del emblema de la coalición.

…  se envían las muestras de las versiones transmitidas”.

De la revisión a las muestras presentadas y del análisis selectivo a su contenido, se observó que 11 de los 16 promocionales correspondientes a esta empresa son versiones específicas del partido. Cabe destacar que no fue posible vincularlos en particular a la factura No. 577, porque los videocasetes carecen de una etiqueta que indique el citado número de factura.

Sin embargo, al transmitirse promocionales en un estado donde el partido contendió de manera coaligada; al prorratearse en forma igualitaria entre todos los distritos de Sonora la afectación al gasto de la coalición es correcta.

Con oficio número STCFRPAP/212/04, de fecha 1 de marzo de 2004, recibido por el partido en la misma fecha, se le solicitó lo siguiente:

“… Además, las facturas A-434792 y A-435507 del proveedor Televisa, S.A. de C.V. señaladas en el Anexo 1 del oficio STCFRPAP/212/04 (Anexo 1 del presente oficio) presentaban hojas membreteadas en las que no se identificaban a qué factura correspondían.

Por lo antes expuesto, se solicitó al partido que aclarara qué spots de las versiones transmitidas correspondían a cada una de las facturas citadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.6, 12.8 y 19.2 del Reglamento de mérito.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0075/04 de fecha 15 de marzo de 2004, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con el proveedor Televisa, S.A. de C.V., se contrató un paquete de publicidad por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre del 2003, por un total de 85,100,000.00, esta operación fue amparada por dos facturas de 42,550,000.00 cada una, lo concerniente al periodo de campaña ascendió a 47,247,911.31, de los cuales 31,971,102.4, correspondieron a los distritos del partido, por lo que el proveedor emitió la respectiva hoja membreteada por dicho importe y el total de spots transmitidos en ese periodo y no por factura”.

Del análisis a la respuesta del partido se observó que las hojas membreteadas no hacen referencia a los spots que corresponden a las facturas A-434792 y A-435507, sino globaliza el total. Además, aun cuando indica que los promocionales que corresponden al partido ascienden a $31,971,102.42, se observó que éstas incluyen spots y distritos de la coalición “Alianza para Todos”, como se indica a continuación: